Las autoridades investigan la muerte de un menor de 17 años ocurrida en el municipio de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, tras un incidente armado durante un requerimiento policial que ha generado versiones encontradas entre la familia y la institución.
De acuerdo con el testimonio de la madre, el pasado 27 de junio el joven Daniel Cortés se desplazaba en su motocicleta luego de salir de su jornada laboral en una panadería cuando fue intervenido por agentes policiales.
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Según su relato, el hecho ocurrió cuando dos policías lo detuvieron y, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas públicamente, se produjo un disparo que impactó en el abdomen del menor.
"Él iba en su motocicleta… hay un video que no han revelado donde lo interceptan y uno de los policías le dispara. Ellos mismos lo llevaron al hospital", relató la madre a un medio nacional, quien además aseguró que en un inicio desconocía la presunta participación de los agentes en el hecho.
La mujer agregó que recibió una llamada desde el centro asistencial de La Esperanza informándole que su hijo estaba en estado grave y posteriormente fue trasladado al Hospital Escuela en Tegucigalpa, donde falleció a las 5:00 de la mañana del 30 de junio.
Policía da su versión: 'Hubo forcejeo'
Por su parte, la Policía Nacional de Honduras emitió un comunicado en el que afirma que el hecho ocurrió durante un procedimiento de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP-10), en el que el menor fue requerido por la presunta comisión de delitos relacionados con tráfico de drogas y porte ilegal de arma.
Según la versión institucional, durante el procedimiento se produjo un forcejeo físico que derivó en la "detonación accidental" de un arma de fuego, provocando la herida que posteriormente causó la muerte del menor.
La institución lamentó el fallecimiento y aseguró que el caso fue remitido al Ministerio Público para su investigación.
La Policía Nacional añadió que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizó el levantamiento de indicios y tomó declaraciones a los agentes involucrados, mientras Inspectoría General abrió una investigación interna para determinar posibles responsabilidades.
El caso continúa bajo investigación oficial, mientras familiares del menor exigen que se esclarezcan las circunstancias reales del hecho y se determinen responsabilidades.
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