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Midence Oquelí Martínez Turcios, un exdiputado hondureño y militar retirado, admitió en la Corte de Nueva York su responsabilidad en el sistema de narcotráfico que marca la política y la corrupción en Honduras.
En su declaración, que se reconfirmó en el informe posterior a la audiencia "fatico" que presentó su defensa, admitió haber aceptado financiamiento de Los Cachiros.
Martínez es plenamente consciente de sus actividades ilícitas. Sin embargo, negó haber desempeñado un papel clave en el tráfico de drogas, argumentando que su influencia era limitada.
El exdiputado confirmó que recibió apoyo financiero de los hermanos Rivera, conocidos como Los Cachiros, para sus campañas políticas.
Según su declaración, entendía que ese dinero provenía del narcotráfico y que aceptar dichos fondos implicaba una promesa tácita de favores políticos en el futuro.
"Asume plena responsabilidad por su papel en facilitar la cultura generalizada de corrupción y narcotráfico en Honduras", dice en el informe su abogado Kristen M. Santillo.
Martínez sostuvo que no tenía acceso a vehículos oficiales ni a matrículas del Congreso y que su influencia era insignificante comparada con la de otros funcionarios hondureños implicados en la red.
El contexto político y su conexión con Los Cachiros
Martínez trazó un recorrido de su vida que lo llevó a este punto. Se retiró del ejército hondureño en 1996, con el rango de teniente, y comenzó a trabajar en la empresa familiar.
Más tarde, decidió incursionar en la política, lo que lo llevó a aceptar el apoyo de Los Cachiros.
Los hermanos Rivera ofrecieron financiamiento político a cambio de legitimidad y posibles favores futuros.
Oquelí Martínez admitió que conocía sus antecedentes: "Eran despiadados, traficaban drogas y portaban armas. Sabía que querían utilizar mi nombre y cualquier posición que obtuviera para sus propios beneficios".
Aunque Martínez aceptó este dinero, afirmó que nunca tuvo los recursos ni el poder para cumplir sus promesas implícitas.
Las acusaciones de Los Cachiros y la defensa de Martínez
En su testimonio, Los Cachiros afirmaron que Martínez ayudó a transportar cargamentos de droga usando vehículos con matrículas del Congreso y que incluso usó su uniforme militar, a pesar de estar retirado.
Sin embargo, la defensa de Martínez refutó estas acusaciones, presentando testigos que desmintieron estas versiones.
Un testigo de la defensa afirma que Martínez nunca tuvo vehículos asignados por el Congreso Nacional de Honduras.
"Siempre utilizaba vehículos de su propiedad, con matrículas regulares", refiere el informe.
Además, se destacó que Martínez llevaba más de una década fuera del ejército cuando supuestamente usó su uniforme para facilitar el tráfico de drogas.
El exfuncionario también señaló que las declaraciones de Los Cachiros eran inconsistentes y carecían de corroboración.
"Los Rivera tenían acceso a generales de alto rango, vehículos presidenciales y protección militar. Mi rol no fue más que simbólico", agregó.
Una red de corrupción más amplia
En su testimonio, Martínez subrayó que la red de narcotráfico iba más allá de su participación.
Señaló que había altos funcionarios hondureños que, según las declaraciones de Los Cachiros, facilitaron el tráfico de drogas a gran escala.
"Martínez nunca fue miembro del partido en el poder y nunca ascendió a una posición de poder donde pudiera hacer favores políticos a los Rivera", señala el escrito.
Sostiene la defensa que Oquelí Martínez carecía del poder y que la influencia y el acceso a información privilegiada que poseían Los Cachiros provenía de numerosos políticos y altos mandos militares al servicio de los Rivera.
"Entre estos figuraban el hijo del expresidente hondureño Pepe Lobo, Fabio Lobo, el también expresidente Juan Orlando Hernández, generales de alto rango y otros actores clave", dice el informe en base al testimonio de Devis Leonel Rivera.
El camino hacia la sentencia
Con su sentencia programada para marzo de 2025, Martínez enfrenta un futuro incierto.
Mientras acepta su responsabilidad, insiste en que su rol fue marginal en comparación con el de otros políticos y militares de alto rango.
Su caso es un reflejo de un sistema en el que el narcotráfico utilizó figuras políticas como herramientas para consolidar su poder.
Su confesión, aunque admite culpabilidad, también expone la profundidad de un sistema corrupto que ha comprometido a figuras de alto perfil.
La sentencia de marzo de 2025 no solo marcará el destino de Midence Oquelí Martínez, sino que también será un símbolo de cómo la justicia internacional aborda los complejos nexos entre política y narcotráfico.
¿Será este caso un paso hacia la rendición de cuentas o simplemente otro capítulo en la larga historia de corrupción en Honduras?