El próximo 4 de septiembre de 2025, el juez Lewis A. Kaplan dictará sentencia contra Midence Oquelí Martínez Turcios en una corte de Nueva York.
El exdiputado por el Partido Liberal que para sus electores fue un político entregado, ahora es parte del catálogo de líderes hondureños que devora el narcotráfico.
Martínez, quien es recordado en Tocoa, Colón, por sus gestiones comunitarias, admitió su papel en la estructura criminal de Los Cachiros.
Ese reconocimiento de culpabilidad borró los años en los que su nombre era sinónimo de ayuda comunitaria, convirtiéndolo en otro rostro del pacto oscuro entre poder y crimen, según la Fiscalía.
Midence, líder en contacto con su gente
Las cartas enviadas a la Corte por vecinos y amigos lo describen como un político cercano que financió ataúdes para familias humildes, arregló calles con su propio dinero, donó medicinas o se presentó con víveres durante inundaciones.
“Siempre contestó el teléfono. Si estaba en el Congreso, me decía que el fin de semana nos viéramos en Tocoa para resolver lo que la comunidad necesitaba”, recuerda Jorge Morales, líder comunitario.
Para muchos, Oquelí era un soporte social donde el Estado no llegó. Pero ese capital humano, que le valió respeto y votos, fue también el puente por donde se coló el narcotráfico, disfrazándose de cercanía familiar y favores políticos.
Los Cachiros y la política
El acercamiento de los Rivera, cabecillas de Los Cachiros y parientes lejanos de Martínez, marcó el inicio del derrumbe.
La organización, responsable de mover más de 100 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, supo aprovechar el valor de tener a un diputado en su red de influencia.
Sobornos, pactos con militares y la protección de la Policía Nacional eran la fórmula de los Cachiros para garantizar el paso de droga.
Con ese engranaje, no solo penetraron comunidades, también corrompieron a otros funcionarios.
En ese entramado, Midence Oquelí terminó convertido en un símbolo de cómo el narcotráfico secuestró la institucionalidad.
Una vida marcada por contrastes
Fuera del Congreso, Martínez llevó una vida que parecía modesta. Sus hijos lo recuerdan como el padre que se sentó horas frente a la puerta del kínder para que ellos no tuvieran miedo a quedarse solos.
Su esposa, lo retrata como un hombre de campo que sembró sandías y crio cerdos los fines de semana.
Hoy, esas memorias comparten lugar con otra realidad: la de un reo en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde es testigo de apuñalamientos, intentos de decapitación y encierros violentos.
La imagen de un político que “ayudó en todo”, como lo describían sus electores, se desdibuja entre los muros de una cárcel.
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Narcotráfico: la herida que no cierra en Honduras
El caso de Midence Oquelí es un capítulo más en la historia de un país donde el narcotráfico dictó reglas y abrió puertas en la política.
Su vida, que alguna vez fue un ejemplo de servicio comunitario, se convirtió en reflejo de la fragilidad institucional y del precio que pagan las comunidades cuando el poder se entrega al crimen organizado.
El 4 de septiembre, cuando escuche su sentencia, a Midence Oquelí Martínez no se le recordará como el congresista que financió canchas o apoyó a iglesias: será el político que personificó el pacto oscuro entre poder y narcotráfico, y un símbolo de cómo el crimen se sentó en el Congreso.
