El informe Valoración del aprovechamiento y protección de los recursos naturales en Centroamérica detalla cómo la minería y otras actividades extractivas representan despojo de territorios y evolucionó desde hace décadas.
Con un 16 % del territorio regional concesionado, el impacto en áreas protegidas y ecosistemas es alarmante, reflejando la falta de políticas efectivas para la sostenibilidad ambiental y social.
En Nicaragua, el 28 % del territorio está concesionado, siendo el líder en esta práctica, seguido por Guatemala, Honduras y Costa Rica.
Por otro lado, El Salvador marca un contraste al prohibir la minería metálica desde 2017.
Honduras: El epicentro de la controversia
Honduras cuenta con 698 concesiones mineras en diferentes etapas: solicitud, exploración, explotación y suspensión.
Estas concesiones afectan 185 municipios, lo que equivale al 62 % del territorio municipal. Entre las áreas más afectadas destacan:
- Reservas mineras: Existen 21 zonas de reserva minera, incluyendo la explotación artesanal de ópalos en el occidente del país.
- Territorios indígenas: Actualmente hay 82 proyectos mineros en estas áreas, 40 de ellos en fase de explotación activa. El pueblo lenca es el más afectado, con 27 proyectos activos en sus tierras.
La reducción en el número de proyectos en territorios indígenas, de 101 en 2019 a 82 en la actualidad, no significa una mejora, ya que aumentó el área concesionada y los proyectos en explotación.
Al asumir la presidencia de Honduras, Xiomara Castro prometió poner fin a la minería a cielo abierto en el país, en un intento por proteger los recursos naturales y garantizar la sostenibilidad ambiental.
Sin embargo, esta promesa no se ha traducido en acciones concretas, ya que las concesiones mineras otorgadas continúan vigentes y operando, manteniendo la presión sobre los territorios y comunidades afectadas.
Minería a gran escala y su opacidad
Desde el año 2000, la minería a gran escala y a cielo abierto ha crecido de manera significativa en la región.
Este crecimiento se caracteriza por la falta de transparencia y un régimen de opacidad en los proyectos extractivos.
Las estrategias corporativas incluyen desinformación y manipulación de las comunidades afectadas, lo que exacerba el conflicto social.
La exportación de oro es un ejemplo del auge de esta industria. En 2021, Centroamérica experimentó un incremento del 387 % en sus exportaciones de oro respecto al año anterior.
Nicaragua lideró con exportaciones valoradas en 1,534 millones de dólares, seguida por Honduras con 278.6 millones de dólares.
Impacto ambiental y social
"El modelo extractivo devastó áreas protegidas y ecosistemas boscosos. Las actividades mineras contribuyen a la deforestación, la contaminación de fuentes de agua y el desplazamiento de comunidades, especialmente en territorios indígenas", dice el informe.
Además, la falta de responsabilidad social y laboral agrava las condiciones de vida de los habitantes cercanos a los enclaves mineros.
En Honduras, las comunidades indígenas lenca y multiétnicas enfrentan la doble amenaza de despojo territorial y destrucción ambiental.
Organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian repetidamente la violencia y criminalización hacia líderes comunitarios que se oponen a los proyectos extractivos.
El Salvador: Una excepción en la región
En contraste con sus vecinos, El Salvador prohibió la minería metálica, marcando un precedente en la región.
Esta decisión, tomada en 2017, refleja la resistencia de la sociedad civil y las organizaciones ambientalistas frente a los impactos negativos de la minería en la salud pública y el medio ambiente.
El futuro de la minería en Centroamérica
El panorama para la minería en Centroamérica es complejo. Aunque la industria sigue siendo un pilar económico, las crecientes resistencias sociales y los impactos ambientales generan un debate urgente sobre su viabilidad.
Países como El Salvador demuestran que es posible priorizar la sostenibilidad ambiental y los derechos comunitarios, mientras que otros, como Honduras, enfrentan el reto de equilibrar el desarrollo económico con la protección de sus recursos naturales.
En una región marcada por el despojo y la explotación, el futuro dependerá de la implementación de políticas públicas más responsables.
La vigilancia ciudadana y el fortalecimiento de los derechos humanos en los territorios afectados, es clave.
