El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra los propietarios de una cabaña en Tatumbla, Francisco Morazán, por su presunta responsabilidad en la muerte de Nicole Alejandra Figueroa López y Luis Alonzo Oseguera Betancourth, quienes fallecieron mientras disfrutaban de una estadía en el establecimiento turístico.
La Sección en Muerte de Mujeres de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) acusó a una madre y su hijo por el delito de homicidio imprudente, luego de que las investigaciones determinaran que la pareja murió por intoxicación con monóxido de carbono.
El caso también involucra a un agente de la Policía Nacional, a quien la Fiscalía acusa de presuntamente utilizar documentos personales de Nicole para realizar transacciones en diferentes comercios.
Pareja murió durante estadía en cabaña de Tatumbla
Según las investigaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Nicole y Luis llegaron al establecimiento el 16 de agosto de 2025, con la intención de hospedarse durante tres días.
Sin embargo, la mañana del 17 de agosto, alrededor de las 8:00, empleados del hotel acudieron a la habitación para entregarles el desayuno, pero nadie respondió.
Ante la falta de respuesta, los trabajadores llamaron a los propietarios para informarles de la situación.
Los dueños llegaron posteriormente a la cabaña y encontraron a la pareja sin signos vitales.
El dictamen médico legal confirmó que ambos fallecieron por asfixia debido a intoxicación con monóxido de carbono, un gas tóxico que puede provocar la muerte cuando se acumula en espacios cerrados.
Además, el informe forense clasificó la manera de muerte como homicida, por lo que las autoridades continuaron las diligencias para determinar las posibles responsabilidades penales.
Policía habría utilizado documentos de una de las víctimas
Durante las investigaciones, agentes de la ATIC también identificaron una presunta irregularidad relacionada con las pertenencias de Nicole Alejandra Figueroa López.
De acuerdo con el Ministerio Público, un miembro de la Policía Nacional habría utilizado documentos personales de la joven para efectuar distintas transacciones en establecimientos comerciales.
Por este hallazgo, la Fiscalía presentó un requerimiento fiscal contra el funcionario por el supuesto delito de malversación por apropiación, en perjuicio de la administración pública.
El Ministerio Público busca que los propietarios de la cabaña y el agente policial enfrenten el proceso judicial correspondiente.
Ahora, los tribunales deberán examinar las pruebas y determinar si existen elementos suficientes para establecer la responsabilidad penal de los acusados.
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