La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ) con sede en Gracias, Lempira, asestó un duro golpe a la impunidad al lograr ocho sentencias condenatorias en lo que va de 2026 contra sujetos acusados de cometer delitos sexuales en perjuicio de menores de edad.
El Ministerio Público confirmó que seis de los fallos condenatorios se obtuvieron mediante procedimiento abreviado. Esto significa que los acusados aceptaron su responsabilidad, lo que permitió agilizar el proceso judicial.
Los otros dos casos se resolvieron en audiencias de estricta conformidad. Este mecanismo también facilita una resolución más rápida, ya que evita un juicio prolongado cuando existe aceptación de los hechos.
Condenas de casi 10 años de cárcel por abuso de menores
Bajo la figura de procedimiento abreviado, un total de seis hombres aceptaron su responsabilidad penal dentro del proceso judicial, lo que permitió agilizar la resolución de los casos.
Como resultado, cada uno recibió una pena individual de nueve años y nueve meses de prisión por el delito de violación, de acuerdo con lo establecido por el tribunal competente.
Los sentenciados fueron identificados por las autoridades judiciales como:
- Mártir Agustín Espinoza Ponce.
- Miguel Ángel Rodríguez Cortez.
- Domingo Vázquez Manueles.
- Ismael Martínez Vargas.
- Elmer Adonay Sánchez.
- José Reynaldo Yoni Navarro Díaz.
Penas por violación agravada
La Fiscalía también logró una condena de 13 años de prisión contra Edin Omar Jovel Jovel, declarado culpable por el delito de violación agravada, tras ser hallado responsable en el proceso judicial.
De igual forma, el tribunal sentenció a Anael Ortiz Gómez a seis años de cárcel por el delito de violación, le impuso un año adicional por maltrato familiar agravado y ordenó el pago de 100 días multa, según la resolución judicial.
Las autoridades judiciales también ordenaron medidas de protección a favor de las víctimas, estableciendo que los condenados no podrán acercarse ni residir cerca de ellas una vez cumplan sus penas.
Esta prohibición tendrá una duración equivalente al doble del tiempo de las condenas impuestas, como medida de seguridad y resguardo.
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