Durante este segundo viaje, la misión ha sostenido reuniones con diversas autoridades y organismos, entre ellos la Administración Aduanera y el Servicio de Administración de Rentas (SAR).

Además, se llevaron a cabo encuentros con organizaciones de la sociedad civil y representantes académicos.

El último día de su visita, la misión se reunió con altos funcionarios del Poder Ejecutivo, entre los que se encontraba el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, así como con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El secretario de la Presidencia aceptó que, para que la comisión llegue al país, se "deben atender ciertas debilidades y derogar algunos decretos que siguen pendientes".

Además, declaró que es importante que todas las institución en materia de justicia y combate a la corrupción den la información solicitada, "porque hay algunas que no la han entregado".

La debilidad, aseguró el funcionario, está observada en el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Tribunal Superior de Cuentas.

"La reunión de hoy fue con el fin de identificar los obstáculos que están pendientes de superarse para instalar la CICIH", dijo Pastor de María y Campos.

Agregó que también se dialogó sobre el intercambio de "cómo podemos ir trabajando, apoyándoles a ellos y brindándoles desde el Ejecutivo todo el apoyo necesario".

Avances logrados y desafíos

Entre los avances alcanzados se encuentra la derogación del decreto 116-2019, la cual tuvo lugar el pasado 2 de agosto en el Congreso Nacional.

Este paso, contemplado en el memorando de entendimiento suscrito entre la ONU y el Gobierno en diciembre de 2022, allana el camino para una mayor cooperación en la lucha contra la impunidad, según analistas.

Sin embargo, persisten desafíos, como la aprobación pendiente de la Ley de Colaboración Eficaz, que fue dictaminada desde noviembre de 2022, pero cuya votación sigue engavetada.

El Congreso Nacional también ha procedido a derogar los decretos 57-2020 y 93-2021, los cuales habían sido señalados como obstáculos para la efectiva persecución de actos corruptos.

No obstante, analistas destacan que aún queda por derogar el decreto 4-2022, que establece la Ley de Amnistía Política.

Una vez redactado, el convenio deberá ser remitido al Congreso Nacional, donde será sometido a votación. La aprobación requerirá un mínimo de 65 votos.

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