Según dijo Barrios en TN5 Estelar de Canal 5, los expertos de la ONU solicitaron además a la secretaría del Congreso un informe de la comisión que revisa el Código Penal vigente y sobre el proyecto de la Ley de Extradición.

"El presidente del Congreso (Luis Redondo) ha autorizado enviar toda esa información a la comisión exploratoria, porque es una información que a ellos les va a servir, según la carta, para sustentar y decidir finalmente la instalación de la CICIH", expresó el congresista.

De acuerdo a lo que se informó, la información deberá ser enviada de manera electrónica a la comisión de las Naciones Unidas, a más tardar el 10 de agosto.

A continuación la solicitud de información que pide la ONU

  • Informe sobre la asignación de partida presupuestaria aprobada por el Congreso para el Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Unidad de Política Limpia y Tribunal Superior de Cuentas, durante los últimos 5 años.
  • Información de partidas presupuestarias asignadas por el Congreso en el marco del Decreto 116-2019 (del polémico Fondo Departamental) para los períodos fiscales 2020-2023.
  • Copia del proyecto de ley y dictámenes sobre colaboración eficaz, revisión del Código Penal vigente y proyecto de ley de extradición.
  • Informes de otros proyectos relacionados con temas anticorrupción y crimen organizado.
  • Agenda de iniciativas de ley y dictámenes en discusión ante la comisión anticorrupción del Congreso Nacional.
  • Indicación si existe ante el Congreso Nacional proyectos de reforma o derogación de los decretos 116-2019, 117-2019, 04-2022 y 67-2022.
  • Listado de los principales informes elaborados por las comisiones especiales de investigación del Congreso Nacional durante los últimos tres años.
  • Informes que detalle la situación en que la Junta Directiva actual encontró el Congreso al momento de la toma de posesión.
  • Informe sobre los principales hallazgos relacionados con el Código Penal vigente.
  • Información sobre la situación de la propuesta de reforma a temas de extradición remitidas por la Corte Suprema de Justicia.

Referente al proyecto de la Ley de Extradición "creo que hay una confusión porque yo fui presidente de la comisión de extradición y en el informe que dimos en el Congreso nunca se estableció que se había enviado por parte de la Corte Suprema de Justicia algún proyecto en ese sentido", dijo Ramón Barrios.

Derogación de decretos

El Legislativo aprobó el 12 de julio el decreto 57-2020 que obligaba al Ministerio Público a pedir autorización para secuestrar documentación de personas relacionadas a casos de corrupción.

Además, aprobó la reforma del decreto 93-2021 que incluye varias correcciones al Código Penal y a la Ley de Lavado de Activos.

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Esto, como sugerencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para apoyar la instalación de lo que podría ser la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

Falta derogación de otros decretos

La ONU también habría pedido a Honduras la derogación de los decretos 04-2022 relacionado a la amnistía política aprobada por la actual administración.

La denominada Ley para la reconstrucción del estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan, absuelve de delitos penales a exfuncionarios del Gobierno de Manuel "Mel" Zelaya (2006-2009) por presunta persecución política.

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Además, de sugerir la eliminación del decreto 116-2019, que blinda a diputados y funcionarios de ser acusados por mal manejo de fondos públicos.

Misión de la ONU en Honduras

Una misión exploratoria de la ONU se reunió con altas autoridades de Honduras, entre ellas la presidenta Xiomara Castro, en el marco de la verificación de condiciones para instalar la CICIH.

La comisión de Naciones Unidas llegó al país el 9 de julio y partió el día 23 sin brindar detalles de los encuentros con personeros del Gobierno y sociedad civil, y hasta este día se conoció de las solicitudes que pidió, en particular al Congreso Nacional.

El posible establecimiento de la CICIH es una de las promesas de campaña de la presidenta Castro, lo que ratificó cuando asumió el poder, el 27 de enero de 2022.

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