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El polémico mecanismo impulsado por el presidente Nayib Bukele hasta la fecha registra el arresto de al menos 68 mil presuntos criminales, sin orden de captura, pero también reporta unos 153 reos muertos en prisión.
La estrategia de seguridad tiene seguidores producto de sus resultados, como conseguir el pasado 10 de mayo lo equivalente a un año (365 días, no consecutivos) sin homicidios.
Al mismo tiempo atrae críticas por las presuntas violaciones a los derechos humanos, entre otras cosas, maltratos a los privados de libertad y la impunidad, falta de transparencia y acceso de información por parte de las autoridades.
"Era necesario hacer restricciones de derechos humanos para poder hacer capturas masivas, poder ingresar a territorios que no entraban ni soldados porque ellos (maras y pandillas) tenían el control total", dijo la analista y defensora de derechos humanas salvadoreña, Bessy Ríos, en Frente a Frente, de Canal 5.
Sin embargo, fue clara en establecer que la medida es funcional siempre y cuando se tenga claro que es excepcional, es decir, no permanente.
Además no es un régimen intachable, pues afirmó que los entes de seguridad practican el dicho: "te llevó hoy y averiguó después", aludiendo que las detenciones pueden darse sin que el capturado muestre indicios de ser un criminal, todo queda a consideración de los policías y soldados.
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Honduras y la región deben tomar en cuenta este régimen
El sociólogo Pablo Carías consideró que para combatir la inseguridad en el país debe fijarse la mirada en la estrategia del país vecino "porque es lo único que tenemos por ahora".
Asimismo, indicó que los pagos por seguridad (pública y privada), a nivel de empresas, hace que sus "costos de operación se disparan, una empresa privada en esas condiciones, es difícil que logre un desarrollo".
Mientras, el director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) Luis León detalló que el modelo de Bukele en seguridad es la opción más cercana para el futuro inmediato.
"Después de probar con el bipartidismo por 40 años, probar con la opción que había y no hay grandes respuestas, el pueblo hondureño no dudaría en decantarse en una opción de este tipo", afirmó.
En diciembre de 2022 en Honduras se decretó un estado de excepción, que ha sido extendido hasta el 5 de julio de 2023, cuyo resultados más importantes, según la Secretaría de Seguridad, es la desarticulación de 150 bandas criminales y más de 2 mil armas sacadas de ciculación.
Sin embargo, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denuncia que de los más de 8 mil capturados durante el mecanismo, solo 80 casos fueron judicializados, lo que catalogan como un fracaso.
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