La parálisis en la atención médica del sistema sanitario público derivó en acciones legales formalizadas por los afectaciones de la población.

Pacientes afectados presentaron denuncias ante el Ministerio Público contra los profesionales en asambleas por la suspensión de servicios.

El ciudadano Santos Funes interpuso el reclamo tras esperar desde julio por una cirugía ocular urgente cuya cita fue postergada hasta fin de año.

La denuncia señala los delitos de violación a los derechos humanos, abuso de autoridad y abandono de funciones médicas.

Las autoridades fiscales confirmaron la recepción del expediente para asignarlo a la unidad correspondiente e investigar posibles responsabilidades penales. El ente acusador del Estado dará trámite ágil a las diligencias presentadas por los usuarios.

Reclamos de organismos de derechos humanos

El Observatorio Latinoamericano para los Derechos Humanos y la Democracia se sumó a las exigencias para investigar las faltas en los centros asistenciales.

La entidad catalogó de inhumana la afectación a más de 9.5 millones de hondureños en el marco de disputas laborales.

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Representantes de la organización indicaron que el conflicto gremial atenta contra las garantías fundamentales de la ciudadanía necesitada de atención rápida.

Además, enfatizaron en que la presión hacia las autoridades no debe vulnerar el derecho a la salud del pueblo.

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El paciente Santos Funes denunció al Colegio Médico tras esperar desde julio por una cirugía de catarata urgente. Foto: cortesía TN5.

Posición del Colegio Médico ante las acusaciones

El Colegio Médico de Honduras rechazó las imputaciones vertidas en el expediente presentado ante las autoridades judiciales.

Voceros de la gremial aseguraron que los profesionales son víctimas y no victimarios de las deficiencias del sistema público.

El gremio responsabilizó directamente a los funcionarios gubernamentales por el incumplimiento de los acuerdos y la falta de insumos en los hospitales. Según la postura médica, el origen del colapso asistencial proviene de la gestión administrativa estatal.

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El Observatorio Latinoamericano de Derechos Humanos tildó de inhumano el impacto de la crisis en 9.5 millones de personas. Foto: cortesía.

Cifras de atenciones suspendidas a nivel nacional

Reportes oficiales de la Secretaría de Salud registran más de 27,303 atenciones reprogramadas debido a las protestas del sector.

El informe publicado a inicios de octubre evidencia el fuerte impacto en las especialidades de mayor demanda poblacional.

Entre los datos presentados destacan más de 3,000 atenciones en pediatría y una cifra similar en la rama de ginecología. La acumulación de mora quirúrgica y de citas externas mantiene en incertidumbre a miles de pacientes en todo el país.

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