El Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra el excoordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, Juan Ramón Molina Rodríguez, y aseguró varias propiedades y cuentas bancarias relacionadas con una investigación por presuntas irregularidades en la compra de tarjetas para licencias de conducir.
La investigación también involucra a Liana María Mayorga Castillo, gerente de la empresa Plasticards S. A., quien permanece capturada. Ambos son señalados por su presunta participación en un esquema que habría ocasionado un perjuicio de 18.5 millones de lempiras a las finanzas del Estado.
La Fiscalía les atribuye los delitos de abuso de autoridad, fraude y lavado de activos, tras detectar supuestas anomalías en la adjudicación de un contrato y movimientos financieros vinculados con los fondos públicos destinados a la adquisición de tarjetas PVC.
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Compra de tarjetas para licencias de conducir bajo investigación
De acuerdo con las diligencias fiscales, en diciembre de 2021 la Secretaría de Seguridad favoreció a Plasticards S. A. con un contrato para suministrar 480,000 tarjetas, pese a que la compañía había iniciado operaciones apenas dos meses antes.
Sin embargo, las autoridades detectaron una diferencia entre lo contratado y lo que realmente ingresó al país: aunque los registros reportaban la recepción de las 480,000 unidades, únicamente llegaron 258,000 tarjetas.
El 22 de enero de 2022, cinco días antes del cambio de gobierno, la Secretaría de Seguridad desembolsó 18.5 millones de lempiras a la compañía. Posteriormente, Mayorga habría transferido cerca de 17 millones a Inversiones MyM S. de R.L., empresa vinculada con Molina Rodríguez.
Transferencias millonarias y bienes asegurados
Las investigaciones también identificaron que Plasticards S. A. figuraba como adjudicataria, pero otra compañía, Interamerican Service Unlimited Corp., con sede en Estados Unidos, habría suministrado las tarjetas. La importación estuvo a cargo de Inversiones MyM, donde Molina figura como socio propietario.
Según el MP, los involucrados habrían recurrido a empresas internacionales y operaciones financieras en Estados Unidos y Francia para movilizar y ocultar el origen de los fondos. Además, la Fiscalía sostiene que Molina tenía impedimentos legales para contratar con el Estado debido a su participación en el Fideicomiso de la Tasa de Seguridad.
Como parte de las acciones judiciales, el Ministerio Público ordenó asegurar siete bienes inmuebles, dos vehículos, 37 cuentas bancarias y cinco sociedades mercantiles relacionadas con los investigados.
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