Por no presentarse a audiencia de revisión de medidas cautelares, el Juzgado de Criminalidad Organizada y Corrupción dictó orden de captura en contra de la exiministra de Finanzas, Rocío Tábora, acusada de fraude por el caso de la compra sobrevalorada de siete hospitales móviles en 2020.
El pasado 16 de enero el Juzgado de Criminalidad Organizada y Corrupción dictó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a libertad vigilada para Tábora por el mal estado de salud en el que se encontraba.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones, a petición de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (Unaf) revocó la resolución que liberaba a la exfuncionaria.
En consecuencia, la Unaf pidió al juez de primera instancia (Juzgado de Criminalidad Organizada y Corrupción) que, mediante una audiencia de revisión de medidas, ordenara la prisión preventiva para Tábora.
Pero la exfuncionaria no asistió, por lo que la Unaf solicitó que se le declarara en rebeldía y se le librara la orden de captura, a lo cual el juez accedió.
La exministra es acusada de los delitos de fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios por el caso de los hospitales móviles en el marco de la pandemia del Covid-19.
Hospitales móviles no reunían las condiciones
Luego de que el Estado de Honduras realizara la compra de siete hospitales móviles para atender la pandemia del covid-19, los dictámenes realizados por la Fiscalía arrojaron que no reunían las condiciones para el aislamiento y tratamiento de personas afectadas por la enfermedad.
Señalando una pérdida de 47 millones, 512 mil, 564 dólares americanos, lo que en lempiras significó 1 mil 174 millones, 517 mil, 764 lempiras con tres centavos.
Por dicho caso ya guarda prisión el extitular de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, quien fue condenado a 10 años y 11 meses de prisión por fraude agravado en la compra de los siete hospitales móviles.
Asimismo, el tribunal de sentencia en materia de corrupción resolvió que Bográn deberá pagar una sanción de 1,475 millones de lempiras (47,5 millones de dólares), más una inhabilitación para no ejercer en la administración pública por el doble de la condena recibida.
Mientras que el mismo tribunal de sentencia en materia de corrupción resolvió inhabilitar por nueve años, cuatro meses y quince días para que no pueda optar u ostentar empleo o cargo público al exgerente administrativo de Invest-H, Alex Moraes, acusado de cometer a título de autor el delito continuado de violación de los deberes de los funcionarios.
Sobre este caso aún se encuentra prófuga de la justicia la extitular de la Secretaría de Salud (Sesal), Alba Consuelo Flores, acusada de falsificación de documentos públicos, fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios.
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