El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), libró un requerimiento fiscal contra Nasry Juan Asfura Zablah, exalcalde de la capital hondureña, por su presunta participación en un esquema de malversación de fondos públicos y lavado de activos.

El caso involucra la desviación de más de 28 millones de lempiras (L 28,559,062.20), que habrían sido sustraídos de manera sistemática por Asfura y otros funcionarios de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, con el objetivo de beneficiar a particulares y financiar gastos personales.

Dagoberto Aspra, abogado defensor de Nasry ‘Tito’ Asfura, afirmó que el caso por el que se acusa al exalcalde capitalino, ya había sido ganado en relación a la privación de dominio, en la que se devolvieron todos los bienes involucrados.

“Es el mismo caso que ya habíamos ganado en privación de dominio. En el antejuicio, se realizó una auditoría por parte del Tribunal Superior de Cuentas, que fue remitida a la Corte Suprema de Justicia", enfatizó.

También, dijo "Este antejuicio fue presentado en su momento y, aunque no estoy seguro de cómo se manejará este conflicto de instancias, el expediente ya está en la sala penal de la Corte. La auditoría remitida por el Tribunal Superior de Cuentas cumplió con los requisitos legales y financieros y no reveló ninguna responsabilidad en contra del señor Asfura. Por lo tanto, no sé realmente cómo se abordará esta situación en el juzgado.”

Aspra lamentó que el juzgado no llevará a cabo un estudio previo para admitir el caso. "Lo aceptarán prácticamente de forma automática, ya que el expediente ha pasado por diversas instancias. Esto podría generar un conflicto sobre cuál juez será el encargado de conocerlo. Según la teoría presentada por el fiscal, dado que Asfura ya no es alcalde, él puede presentar la acción directamente, a pesar de que ya hubo un antejuicio", explicó.

Además, añadió: "Es fundamental valorar cómo se presentará el caso. Tito me comentó que está dispuesto a comparecer en cualquier instancia que se requiera".

Implicados en el caso

Entre los implicados figuran Cinthia Elizabeth Borjas Valenzuela y Nilvia Ethel Castillo Cruz, quienes también enfrentan cargos por malversación y violación de los deberes de funcionarios.

Investigación

Según la investigación, entre 2017 y 2018, se emitieron 32 cheques a nombre de los acusados, bajo conceptos de "fondos rotatorios" y "reembolsos de gastos", los cuales fueron depositados en cuentas personales.

Parte del dinero desviado habría sido utilizado para financiar campañas políticas, pagar tarjetas de crédito de Asfura y su familia, y para compras de artículos de lujo.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

Por su parte, Luis Javier Franco, fiscal de la UFERCO, señaló que los delitos en cuestión incluyen fraude y malversación de caudales públicos, implicando varias decenas de millones. El requerimiento fiscal menciona un desvío de 28 millones de lempiras que no fueron utilizados y se desviaron para beneficios personales.

Franco indicó que la investigación se llevó a cabo respetando las garantías de los imputados, quienes fueron citados ante el Ministerio Público con sus apoderados, dándoles la oportunidad de defenderse.