En el programa de este viernes 12 de junio en Frente a Frente se trató el tema "Si las penas más severas fueran suficientes ¿por qué la violencia contra la mujer sigue creciendo en América Latina?". Esta interrogante sirvió de marco para analizar la realidad de Honduras, donde a pesar del reciente endurecimiento de las leyes, el sistema judicial enfrenta duras críticas por la falta de recursos y la persistente impunidad que neutraliza el efecto disuasivo de los castigos.
Las expertas invitadas esta mañana coincidieron en que el problema es estructural y requiere una respuesta que vaya más allá del aumento de años de cárcel, integrando prevención, investigación científica rápida y un acompañamiento efectivo que evite que las denuncias terminen en tragedias.
Tania Pinto, diputada del Congreso Nacional e impulsora de las reformas; Honorina Rodríguez, histórica defensora de los derechos humanos de las mujeres y periodista; la abogada Loany Alvarenga Alvarado, excoordinadora de la Fiscalía de Protección a la Mujer; y Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio Nacional de la violencia de la UNAH, fueron las panelistas invitadas.
El desarme como medida de protección vital
La diputada Tania Pinto detalló que las reformas aprobadas el pasado 10 de junio buscan desarmar al agresor antes de que la violencia escale a un crimen irreparable, priorizando el derecho a la vida sobre los derechos civiles del sentenciado.
'Esta es prácticamente una media muerte civil para las personas condenadas por violencia doméstica. Una vez transcurridos cinco años después de la sentencia emitida, se podrá eliminar de la constancia de antecedentes penales la inscripción de esa condena para que puedan volver a obtener la licencia de conducir o un cargo público, más no la licencia para poder tener armas de fuego, eso sí queda de por vida'.
Continuó: 'Estamos quitando derechos para que él, si es agresor, no tenga un arma de fuego, evitándole que con ello cometa un delito mayor en el futuro. Es una medida disuasiva y proporcional porque estamos hablando de proteger la vida, el derecho a la vida que es inviolable'.
El mandato de la justicia con enfoque de género
La abogada Loany Alvarado, explicó que el código penal hondureño ya contiene las herramientas necesarias para juzgar con perspectiva de género, pero su aplicación depende de que los fiscales y jueces dejen de tratar estos casos como homicidios comunes.
'El artículo 1 del código penal nos establece que todos los delitos se tendrán que interpretar con criterios de género; el legislador le está diciendo a la sociedad y a los operadores de justicia aplíquelo.'
Siguió: 'El Ministerio Público debe presentar al juez todos los elementos que indiquen que ahí no hay un homicidio, sino un femicidio por las circunstancias que ocurrieron, por esas condiciones desiguales de poder, y el juez debe dictar una resolución con perspectiva de género, apreciando la interseccionalidad y los estándares internacionales'.
Y termino 'Los delitos son femicidios cuando hay una muerte de una mujer y tenemos que tomarla de entrada así, porque en el camino la investigación indicará si hay señales de odio o menosprecio'.
La urgencia de descentralizar la justicia especializada
Honorina Rodríguez destacó que la falta de juzgados especializados en el interior del país deja a miles de mujeres desprotegidas, ya que hoy solo funcionan en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.
Rodríguez advirtió que el sistema 911 recibe 150,000 denuncias anuales y que, sin presupuesto para investigadores y psicólogos, las reformas corren el riesgo de ser solo "papel mojado".
Por su parte, Migdonia Ayestas señaló que el 63% de los femicidios se ejecutan con armas de fuego, validando el desarme permanente, pero insistió en que el reto mayor es desarticular el patriarcado que se reproduce en el hogar y normaliza el control masculino sobre el cuerpo femenino.
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