Según datos recientes del Observatorio Nacional de la Violencia (OV-UNAH), el país registra 112 muertes violentas de mujeres en lo que va del año 2026. La directora del oberservatorio, Migdonia Ayestas, afirma que esta situación refleja una crisis estructural donde persisten conductas que consideran el cuerpo de la mujer como una propiedad.

El Distrito Central presenta la mayor cantidad de femicidios en el país, seguidamente se encuentra el municipio de Trujillo y en tercer lugar se encuentra San Pedro Sula.

Focos rojos: La geografía de la violencia en Honduras

El análisis del Observatorio revela que los departamentos de Francisco Morazán y Cortés encabezan la lista con el mayor número de registros. Sin embargo, la violencia no se limita a las grandes ciudades.

El Distrito Central encabeza la lista de municipios con mayor incidencia, seguido por Trujillo y San Pedro Sula. Otros municipios como Choloma, El Progreso, Olanchito, Jutiapa y La Ceiba completan el listado de las zonas con mayor riesgo. En conjunto, estas regiones concentran el 48% del total de las muertes violentas de mujeres registradas en el periodo actual.

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Tragedia en la capital: El caso de Elsy Michelle García

El Distrito Central sumó un nuevo hecho violento la noche del lunes 8 de junio. Como Elsy Michelle García Pacheco fue identificada una joven con discapacidad física asesinada en la colonia Betania de Tegucigalpa.

Según reportes preliminares de la patrulla de TN5, el ataque a balazos ocurrió en las cercanías de un campo de fútbol del sector. Testigos relataron que la víctima se desplazaba habitualmente con ayuda de muletas. La condición de la joven ha generado profunda consternación.

Interseccionalidad y vulnerabilidad: Un llamado a la acción

La directora del Observatorio, Migdonia Ayestas, enfatiza la gravedad cuando las víctimas presentan condiciones de vulnerabilidad adicional, como una discapacidad.

Ante este panorama, Ayestas recalca que es urgente que las autoridades implementen acciones concretas que trasciendan la estadística. La intervención, investigación, captura y judicialización efectiva de los responsables deben ser el mensaje contundente para frenar a los agresores y femicidas en el territorio nacional.

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