En las empobrecidas periferias de Honduras, la lucha por sobrevivir lleva a muchas mujeres a cruzar líneas rojas que jamás imaginaron.
Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revelan una dura realidad: las mujeres ya no son solo víctimas pasivas del crimen organizado.
Cada vez más, ellas son protagonistas activas de las redes criminales, desempeñando roles clave en el narcotráfico, la extorsión y el lavado de dinero.
A medida que la violencia letal del crimen organizado se intensifica en las ciudades y pueblos, las mujeres de Honduras comenzaron a ocupar espacios que antes les eran ajenos.
Pero ¿son estas mujeres víctimas atrapadas por la necesidad y la coerción, o son cómplices conscientes que eligen este destino por poder y lucro?
La respuesta no es sencilla, y cada historia revela capas de complejidad que no pueden reducirse a una sola etiqueta.
El papel activo de las mujeres en el crimen organizado
La CIDH destaca que la participación femenina en las actividades delictivas en Honduras no es solo marginal, sino integral.
En muchos casos, las mujeres no solo administran el dinero, sino que también están involucradas en tareas de extorsión, tráfico de drogas y, en menor medida, en roles más violentos como sicarias.
La mayoría de ellas se dedica al manejo de los bienes adquiridos por el grupo criminal, llevando registros y controlando las finanzas.
Algunas incluso actúan como testaferros de los activos ilegales, mientras otras, a menudo en situaciones de vulnerabilidad, se encargan de vender marihuana o transportar drogas a pequeña escala.
A pesar de su involucramiento en estos actos, pocas mujeres llegan a ser las autoras materiales de crímenes violentos como los asesinatos.
Sin embargo, su participación sigue siendo crucial, y su lugar en la estructura criminal les otorga no solo poder, sino también la constante amenaza de muerte.
Razones detrás de la participación femenina
Merlin Eguigure, del Movimiento Visitación Padilla, subraya que muchas de estas mujeres se ven empujadas a tomar estos roles por una necesidad urgente de resolver sus problemas económicos.
“Las mujeres no tienen sus necesidades básicas satisfechas, no tienen cómo solventar los alimentos, la salud o la educación de sus hijos. Encontrar una oportunidad en un grupo criminal parece la única opción viable para generar ingresos y sobrevivir”, explica Eguigure.
Sin embargo, la situación es aún más compleja. Para muchas, formar parte de una estructura criminal no es solo una elección, sino una obligación.
Vivir en barrios dominados por el crimen organizado o tener parejas implicadas en actividades ilegales obliga a las mujeres a participar, bajo la amenaza de violencia o de perder sus hogares y recursos.
“En algunos casos, las mujeres simplemente nacen dentro de estos núcleos. Desde muy jóvenes son expuestas al crimen, y lo ven como una opción natural. En otros, las amenazas las obligan a unirse. La coerción es una realidad que muchas enfrentan a diario”, señala Eguigure.
Violencia y muerte: consecuencias de ser mujer en el crimen
La vinculación de las mujeres con las organizaciones criminales no solo las pone en riesgo de una captura, sino que aumenta exponencialmente las probabilidades de que las asesinen.
La violencia dirigida hacia ellas no solo ocurre en el ámbito privado, sino que cada vez es más frecuente ver que matan a las mujeres en espacios públicos, a menudo con armas de fuego.
Además de los homicidios, las desapariciones de mujeres vinculadas al crimen organizado también van en aumento.
La violencia letal que enfrentan está asociada a su implicación en actividades delictivas, pero también a las rivalidades entre bandas y la misoginia propia de las estructuras de poder criminal.
En el sistema penitenciario, el número de mujeres encarceladas por delitos vinculados al narcotráfico y la delincuencia organizada aumenta.
Muchas de ellas permanecen en prisión preventiva durante largos periodos, sin acceso a una defensa adecuada, lo que agrava aún más su situación.
El sistema de justicia y su trato a las mujeres
El Código Penal de Honduras no es benévolo con aquellas mujeres que procesan por pertenecer a organizaciones criminales.
A pesar de sus circunstancias, la ley les impide acceder a la libertad condicional a menos que colaboren activamente con la justicia, lo que rara vez ocurre.
Según un informe de la CIDH, a mayo de 2021 se documentaron 1,177 mujeres privadas de libertad y más de 740 mujeres en Honduras se encuentran en prisión preventiva.
Esto representa un 63 % del total de mujeres encarceladas, muchas de las cuales enfrentan cargos relacionados con el crimen organizado.
El costo humano del crimen organizado
Para las mujeres involucradas en el crimen organizado, la recompensa es escasa. La mayoría de las mujeres que participan en estas redes realizan las tareas más peligrosas y menos lucrativas.
Esto las expone a un mayor riesgo de captura y, en muchos casos, de asesinato. La rápida escalada de homicidios entre mujeres está directamente vinculada a esta precariedad de roles.
La violencia no solo es una consecuencia de su participación, sino parte integral de su lucha por sobrevivir.
La creciente presencia de mujeres en el crimen organizado de Honduras revela una paradoja desgarradora.
Son víctimas de un sistema que las oprime y las obliga a elegir entre la criminalidad y la supervivencia.
Pero al mismo tiempo, participan activamente en redes delictivas que perpetúan la violencia.
Mientras tanto, la justicia sigue sin ofrecer respuestas claras, y las mujeres continúan pagando con su vida o su libertad el alto precio de formar parte de este ciclo de desesperación.
En este complejo escenario, la verdadera pregunta no es si ellas son víctimas o perpetradoras, sino cuándo dejará de ser necesario elegir entre ambas opciones.
