Los recientes acontecimientos vividos en el Congreso Nacional dejan claro que en Honduras ser mujer y participar en política se convierte en una experiencia marcada por la violencia, la exclusión y la impunidad.

Ataques verbales, agresiones físicas y linchamientos mediáticos se normalizan, mientras la violencia política sigue sin reconocerse legalmente como un delito.

La agresión sufrida por la periodista y candidata a diputada del Partido Liberal, Saraí Espinal, por parte de simpatizantes del partido oficialista Libre, fue la gota que colmó el vaso.

Espinal acudía a respaldar a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) cuando la insultaron, empujaron y atacaron con objetos, mientras agentes de seguridad y funcionarios observaron sin intervenir.

Caos y misoginia

Ese mismo día, la presidenta del CNE, Cossette López, compareció ante los diputados. Su intervención se interrumpió por gritos e insultos que lanzaron colectivos del partido Libre.

Esto no solo alteró el orden del hemiciclo, sino que utilizaron argumentos misóginos y ataques personales contra las funcionarias del ente electoral.

“Es reprochable que funcionarios se refieran a la vida privada de las magistradas como si ese fuera el eje de su labor pública. Las mujeres están por un papel histórico que están cumpliendo”, expresó Merlin Eguigure, del Movimiento de Mujeres por la Paz "Visitación Padilla".

La organización condenó enérgicamente los hechos y reiteró su demanda al Congreso Nacional: aprobar de inmediato la ley contra la violencia política hacia las mujeres.

Esta aseguran, es una deuda histórica que se arrastra desde hace años y que cobra nuevas víctimas en cada proceso electoral.

¿Dónde está la ley contra la violencia política?

La propuesta de ley busca tipificar y sancionar actos como el hostigamiento, la difamación pública, las amenazas y las agresiones contra mujeres en el ejercicio de su participación política.

También pretende establecer mecanismos de protección, protocolos de denuncia y medidas preventivas dentro de los partidos políticos e instituciones del Estado.

“Esa ley permitiría a las mujeres tener respaldo legal frente a quienes piensan que no tenemos derechos o que no debemos opinar, participar o aspirar a cargos públicos”, afirmó Eguigure.

El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, también se sumó al llamado.

“Lo de Saraí Espinal no es un hecho aislado, es parte de una práctica que busca callar a las mujeres. Es una periodista, una candidata, una ciudadana. No merece ser agredida por pensar diferente”, declaró.

La violencia política avanza

Hasta la fecha, ni el Ministerio Público ni la Secretaría de Seguridad se pronuncian sobre los hechos ocurridos en el Congreso, ni sobre las alteraciones al orden público protagonizadas por simpatizantes oficialistas.

“El silencio institucional es otra forma de violencia”, opinó la analista política Julissa Ramos.

“Mientras no se reconozca legalmente la violencia política, las agresiones seguirán creciendo sin consecuencias”.

Organizaciones defensoras de derechos humanos, colectivos feministas, gremios periodísticos y sectores de oposición coinciden en que la violencia política en Honduras cruza límites peligrosos y debe enfrentarse con urgencia desde la legislación y la acción judicial.

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No más espera

La violencia política no solo ataca a mujeres individuales, sino que erosiona la democracia, mina el pluralismo y excluye voces necesarias para transformar el país.

A pocos meses de las elecciones generales, Honduras necesita con urgencia una ley que proteja a las mujeres que luchan por participar y liderar.

“El Congreso no puede seguir postergando esta ley”, enfatizó Merlin Eguigure. “Cada día sin esa normativa es un día más de riesgo para todas las mujeres que se atreven a estar en política”.

Porque en Honduras, hacer política siendo mujer no debería ser sinónimo de recibir insultos, golpes o amenazas.

Debería ser, como en cualquier democracia, un derecho que se protege, promueve y garantiza.