LaS organizaciones feministas y líderes indígenas esperan que los diputados retomen sus funciones y prioricen la discusión de leyes clave para frenar la violencia contra las mujeres.
Piden la aprobación de la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres y mejoras en la investigación criminal de femicidios.
La impunidad sigue siendo la norma aseguran, alcanzando entre el 95 % y 96 % de los casos.
Jessica Sánchez, feminista e investigadora, denuncia que los operadores de justicia evitan aplicar la figura de femicidio y recurren a parricidio, lo que invisibiliza la violencia de género.
"También hay un uso inadecuado de los protocolos por parte de los funcionarios de seguridad", advierte.
Fallas en protocolos: los agresores ganan tiempo
Casos recientes revelan cómo las fallas en los protocolos de investigación obstaculizan la justicia.
"En el caso de una niña de Lempira, primero se dijo que había sido atacada por pitbulls, pero luego un funcionario reveló que un pariente fue el agresor. Eso le dio tiempo para escapar", relata Sánchez.
Otro caso que expone estas deficiencias es el de Angie Peña, la joven desaparecida en enero de 2022.
"Las autoridades dijeron que sabían dónde estaba, lo que, si la joven estaba en Roatán, pudo haberle dado ventaja a los tratantes para trasladarla", señala la investigadora.
Feministas insisten en que los protocolos de atención deben aplicarse con rigor, garantizando la discreción y secretividad necesarias para evitar alertar a los agresores.
La deuda con las víctimas y sobrevivientes
El clamor por justicia no solo se centra en la investigación de los crímenes, sino también en la reparación para las víctimas y sobrevivientes de violencia.
"Las mujeres que sobreviven a intentos de femicidio quedan mutiladas, con heridas que les impiden retomar su vida normal", lamenta Sánchez.
Pese a que existe un protocolo en Latinoamérica para la reparación de las víctimas, en Honduras esta medida sigue sin aplicarse.
Violencia política
Otro aspecto que preocupa a las feministas es la violencia política contra las mujeres. La ley para abordar esta problemática sigue pendiente en el Congreso, mientras que el rol de las feministas en resistencia ha sido minimizado.
"El movimiento feminista sigue siendo incómodo para los gobernantes, sean de izquierda o derecha. No hay voluntad política para tratar la violencia contra las mujeres", denuncia Sánchez.
Mujeres indígenas
La demanda de justicia también resuena en las comunidades indígenas, donde las mujeres enfrentan una doble opresión: por género y por su origen étnico.
María Felicita López, líder lenca, exige que el gobierno priorice a las mujeres en sus políticas y atienda sus necesidades.
"Las mujeres indígenas hemos sido olvidadas por años. Urge que se respondan nuestras demandas y se aprueben las leyes que nos protegen", sentencia.
Derechos
Las feministas y líderes indígenas coinciden en que la lucha por los derechos de las mujeres debe ser una prioridad en la agenda legislativa.
La impunidad que hoy predomina en los femicidios solo perpetúa la violencia. Sin leyes efectivas y justicia real, el mensaje que reciben los agresores es claro: pueden seguir atacando sin consecuencias.
El llamado es urgente: el Congreso debe actuar. No se trata solo de aprobar leyes, sino de garantizar que se apliquen y se traduzcan en justicia para las mujeres hondureñas.
La violencia no puede seguir siendo una condena impuesta por la indiferencia del Estado.
