La violencia ha vuelto a golpear con fuerza en los departamentos de Olancho y Lempira, donde alcaldes municipales expresaron su profunda preocupación ante el aumento de muertes violentas, especialmente contra mujeres, y la limitada capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.

Tanto el alcalde de Catacamas, Olancho, Marco Ramiro Lobo, como el de La Iguala, Lempira, Francis Paz, solicitaron de manera pública en el noticiero Hoy Mismo de TSi a la Secretaría de Seguridad, dirigida por el general Gustavo Sánchez, reforzar las investigaciones y ampliar la presencia policial en estas zonas afectadas.

Olancho vive un repunte de violencia que preocupa a la población

El alcalde de Catacamas, Marco Ramiro Lobo, manifestó que su municipio atraviesa una situación crítica tras varios hechos violentos ocurridos durante el fin de semana, incluyendo la muerte de dos mujeres en un expendio de bebidas alcohólicas y el asesinato de un menor.

“Estamos sumamente preocupados por lo que está ocurriendo en nuestro municipio. Pedimos a la Secretaría de Seguridad priorizar la investigación para identificar qué está generando esta violencia en Catacamas”, demandó el edil.

Lobo señaló que, aunque existe presencia policial, es necesario fortalecer los equipos de investigación para determinar las causas de esta ola de crímenes que, según dijo, se repite de forma cíclica.

“La prevención es importante, pero cuando ya se ha cometido un delito, lo que corresponde es investigar. No podemos acostumbrarnos a enterrar a las víctimas sin saber quién o qué está detrás de estos hechos”, enfatizó.

La Iguala, Lempira es un municipio con 33 mil habitantes y apenas una patrulla

En el occidente del país, la situación no es distinta. El alcalde de La Iguala, Francis Paz, denunció que su municipio —con más de 33 mil habitantes— ha operado durante casi cuatro años con solo cinco policías y una patrulla.

“En menos de diez horas perdimos tres vidas por la violencia. Hemos pedido apoyo desde 2022 y apenas ahora nos enviaron ocho policías más, pero seguimos con una sola patrulla”, declaró Paz en el noticiero matutino.

El edil aseguró que la falta de logística y presencia policial afecta directamente la seguridad y la economía local, especialmente durante la temporada de cosecha de café, uno de los principales motores económicos del municipio.

“Producimos más de 200 mil quintales de café oro al año. No somos una carga para el Estado, generamos divisas, pero nuestros productores tienen miedo de salir o transportar su cosecha por la inseguridad”, lamentó.

Paz añadió que en La Iguala, muchos pobladores evitan salir de sus casas después de las 6:00 de la tarde por temor a asaltos, y señaló que el estado de excepción no ha tenido los resultados esperados.

“No ha funcionado. En algunos casos, los allanamientos incluso provocaron abusos. Necesitamos una estrategia real y permanente”, subrayó.

¿Cuál fue la respuesta de la Policía Nacional?

El director de la Policía Nacional, comisionado general Manuel Aguilar Godoy, reconoció en el noticiero Hoy Mismo de TSi, la falta de personal y recursos en varios departamentos del país.

“Actualmente contamos con unos 23 mil policías, pero necesitamos al menos 15 mil más para cubrir adecuadamente el territorio nacional”, afirmó.

Aguilar explicó que Olancho, con una extensión de más de 22 mil kilómetros cuadrados, requiere alrededor de 6 mil agentes,. Aunque actualmente solo dispone de unos 1,500 efectivos.

Asimismo, confirmó que ya se detuvo al presunto responsable del asesinato de una joven en el municipio de Patuca y aseguró que los cuerpos de investigación diferencian entre feminicidios y muertes violentas vinculadas al crimen organizado

“Vamos a investigar cada caso y no se permitirá la impunidad. Nos estamos desplazando nuevamente a Catacamas para evaluar la situación y reforzar la estrategia de seguridad”, declaró el jefe policial.

Un llamado urgente a la acción

Los alcaldes de Catacamas y La Iguala coincidieron en que el Estado debe reforzar de manera sostenida la seguridad en las zonas rurales del país, con más agentes, patrullas y recursos logísticos.

Ambos ediles recalcaron que la población vive con temor y que el problema ya impacta la economía local. Mientras tanto, la ciudadanía exige respuestas y resultados concretos frente a una violencia que parece recrudecer cada pocos meses.