La bancada del Partido Nacional (PN) en el Congreso Nacional (CN) calificó este martes como "persecución política" la detención del diputado nacionalista Nelson Márquez, luego de la presentación de un requerimiento fiscal del Ministerio Público (MP) que lo involucra en un caso de fraude de más de 3,000 millones lempiras junto a exfuncionarios, abogados y jueces.

A través de una conferencia de prensa, el jefe de bancada del partido de la estrella solitaria, Tomás Zambrano, denunció que con esta acción, el partido Libertad y Refundación (Libre) pretender "extorsionar judicialmente" a la oposición.

"Libre está desesperado, y esa desesperación los está llevando a tomar medidas radicales. Lo que han emprendido es una extorsión judicial contra la oposición", manifestó Zambrano.

Adicionalmente, el diputado nacionalista reiteró que la captura del subjefe de la bancada nacionalista, Nelson Márquez tiene "varias líneas", entre ellas, que Libre le quiere doblar el brazo a la oposición para hacerse con la presidencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) al mando de Marlon Ochoa.

"Libre está extorsionado a toda la oposición, casi poniéndole una pistola en la cabeza a los principales líderes, no sólo del PN, también del Partido Liberal. Para que se elimine el TREP e ir a una elección -general- sin TREP. Libre está extorsionando", expresó.

Además, Zambrano aseguró que Nelson Márquez lo que hizo fue ejecutar una orden judicial durante fungió como titular de la Sedecoas, ya que "un ministro no puede decidir si esa orden es legal o no".

Finalmente, dijo que la orden de captura contra el parlamentario de su partido "es ilegal", debido a que los requerimientos fiscales lo tienen que conocer el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

"Está CSJ se está prestando a esta extorsión judicial, porque el Código Procesal Penal en su artículo 414 establece que la Corte Suprema en pleno que nombra al juez natural cuando ingresa un requerimiento fiscal", apuntó.

'Detención con errores legales'

De su lado, el diputado nacionalista por Santa Bárbara, Mario Pérez, consideró que la captura de Márquez por parte de la Policía Nacional está "cargada de errores legales", al no citársele previamente por su alta investidura.

"¿Por qué a este funcionario, hoy diputado y antes ministro, no se le citó por alta investidura, como debió ser ante el MP, para ser informado de los hechos que se le estaban siendo investigados? , ¿Por qué el juez natural no lo citó para comparecer ante la CSJ?, ¿Por qué esa cacería, como cualquier delincuente?", declaró.

Además, Pérez adelantó que como bancada nacionalista respaldarán a Nelson Márquez durante su proceso judicial, al tiempo que le exigieron al juez natural nombrado para conocer el caso, que respete los derechos y garantías que le asisten.

Requerimiento fiscal contra Nelson Márquez y otros señalados

El MP presentó este martes un requerimiento fiscal contra una red de exfuncionarios, jueces y abogados acusados de defraudar al Estado de Honduras por más de 3,000 millones de lempiras mediante contratos irregulares, laudos arbitrales inválidos y procesos judiciales manipulados.

La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), con apoyo de la FETCCOP, identificó a los imputados como responsables de orquestar el fraude durante más de dos décadas, utilizando como base un contrato otorgado tras el huracán Mitch a la empresa DRC Inc., que no estaba habilitada para operar en el país.

Entre los acusados figuran Nelson Javier Márquez Euceda, actual diputado y exsecretario de Sedecoas; Martha Doblado Andara, excoordinadora general de Gobierno; Eva Vásquez, exdirectora legal de Sedecoas-FHIS; y los jueces Isabel Miranda Hernández y Raymundo Gradiz Viloria, entre otros.

Según la acusación, los involucrados promovieron demandas fraudulentas, falsificaron documentos, utilizaron reglamentos no publicados y simularon conflictos entre empresas para lograr pagos millonarios del Estado.

Asimismo, el Ministerio Público asegura que los imputados depositaron parte de los fondos en sus cuentas personales y en las de sus familiares.

La red también habría ocultado acuerdos confidenciales entre las empresas implicadas y presionado por pagos al margen de resoluciones judiciales firmes que ya habían declarado nulo el laudo arbitral en cuestión.

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