La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) obtuvo un auto de formal procesamiento en contra de la exfuncionaria en el marco de esta segunda línea de investigación, iniciada el 13 de septiembre de 2023, que se enfoca en una red de corrupción que involucra a 12 personas.
A los señalados se les acusa de formar parte de un esquema que facilitó el lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas mediante contratos de obras con el Estado hondureño, muchos de los cuales nunca se llevaron a cabo.
En la fase inicial de este caso, los encausados incluyeron al exministro de la extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), Miguel Rodrigo Pastor, así como a exfuncionarios Marlon Geovanny Flores, Carol Ivonne Pineda, Norberto Quezada, José Manuel Valladares Rosa y Lucas Jetsell Velásquez. También figuran como coimputados Fabio Porfirio Lobo Lobo y Devis Leonel Rivera Maradiaga (líder de Los Chachiros), quienes enfrentan cargos por conspiración a la narcoactividad en Estados Unidos.
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Tanto en Narcopolítica I (24 de mayo de 2019) como en esta etapa II, las imputaciones están relacionadas con contratos otorgados a la empresa INRIMAR. Estos contratos, aparentemente destinados para obras en los departamentos de Olancho, Colón y Yoro, se emitieron sin cumplir los requisitos legales para contratar con el Estado, durante la administración del expresidente Porfirio Lobo Sosa.
Se reveló que dicha compañía fue beneficiada con la suscripción de 21 contratos por más de 68 millones de lempiras en la fase inicial, y ahora se suman otros 10 contratos por más de 50 millones de lempiras. Estos contratos fueron asignados de manera fraudulenta, fraccionando obras y emitiendo decretos de emergencia por una supuesta tormenta tropical.
La mayoría de las obras asignadas no se llevaron a cabo, algunas fueron falsamente acreditadas como completadas y entregadas, mientras que otras fueron sobrevaloradas. El propósito detrás de estas asignaciones era, aparentemente, legitimar a la empresa INRIMAR y facilitar el lavado de dinero derivado del narcotráfico a través de instituciones gubernamentales.
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