A más de 50 años del inicio de la llamada “guerra contra las drogas”, la violencia en la región no solo persiste, sino que evoluciona a un nivel incontrolable, según el informe de Crisis Group "Mitigar la violencia en los centros de narcotráfico en América Latina".

Las organizaciones criminales diversifican sus operaciones, cooptan instituciones y extienden su dominio a países que antes eran solo puntos de tránsito.

Mientras la demanda de cocaína y fentanilo sigue en auge, la sangre corre por las calles de ciudades enteras atrapadas en una lucha brutal por el control del narcotráfico.

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De corredores de paso a centros de guerra

El narcotráfico en América Latina cambió de rostro. Colombia y México siguen siendo sus principales motores, pero nuevas rutas convierten a países como Ecuador, Costa Rica y Honduras en epicentros de violencia.

En Ecuador, las tasas de homicidios se dispararon a niveles históricos en 2024, superando a cualquier otra nación de Sudamérica.

Buenaventura, en Colombia, se convierte en un campo de batalla entre bandas que buscan asegurar el tráfico marítimo de cocaína.

En Honduras y Guatemala, el cultivo de hoja de coca aumenta, mientras las pandillas locales sirven como soldados a sueldo para los grandes carteles.

Las estrategias de seguridad, basadas en operativos militares y detenciones de líderes criminales, fracasan.

En lugar de debilitar a las mafias, fragmentan a los grupos, generando un ecosistema criminal más flexible y descentralizado.

La nueva estructura del narcotráfico

A diferencia de los antiguos carteles con estructuras jerárquicas, el narcotráfico en la actualidad funciona como una red de subcontratación criminal.

Financieros de alto nivel gestionan las exportaciones de droga desde la sombra, mientras operadores internacionales trabajan con grupos locales para el transporte y la distribución.

Las bandas urbanas cumplen un papel fundamental: desde el contrabando de drogas hasta la intimidación de comunidades enteras.

En ciudades como San Pedro Sula o Guayaquil, los grupos criminales convierten a los barrios marginales en trincheras de guerra, donde la violencia no es solo una consecuencia, sino un instrumento para ganar territorio.

La corrupción es el pegamento que mantiene este sistema en funcionamiento. Políticos, jueces, policías y fiscales son cooptados con dinero o amenazas.

En muchas cárceles de la región, los prisioneros no solo controlan el narcotráfico interno, sino que dirigen operaciones desde adentro, ordenan asesinatos y pactan alianzas con otras mafias.

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Incautación de droga en Colombia. Foto: Policía Nacional de Colombia.

El negocio de la violencia

La violencia no es solo un subproducto del narcotráfico: es parte esencial del modelo de negocio.

Mientras los grandes jefes buscan mantenerse en la sombra, las bandas locales compiten ferozmente por un lugar en la cadena de suministro.

La estrategia es brutal: a mayor derramamiento de sangre, mayor poder de negociación.

En barrios de alto riesgo, cruzar una calle equivocada puede significar la muerte. En Honduras, Guatemala y Colombia, comunidades enteras quedan atrapadas en zonas de guerra invisibles, donde los jóvenes son reclutados o exterminados.

Para muchos adolescentes en situación de pobreza, unirse al crimen organizado no es una elección, sino la única alternativa.

Sin acceso a empleo ni educación, las pandillas y carteles ofrecen dinero, poder y un sentido de pertenencia.

El fracaso de la “guerra contra las drogas”

A pesar de los miles de millones de dólares invertidos en la lucha contra el narcotráfico, los resultados son desalentadores.

Las capturas de capos y las incautaciones de drogas solo generan reconfiguraciones dentro del crimen organizado, fortalecen sus estructuras y hacen que el negocio sea más resistente.

Estados Unidos, lidera la ofensiva, apuesta por estrategias militares que demuestran ser ineficaces.

La demanda de drogas en Norteamérica y Europa no se reduce; por el contrario, mercados como el de la cocaína crecieron un 60 % en la última década.

Si la violencia persiste, es porque las respuestas estatales son insuficientes dice el informe.

Los gobiernos de la región priorizan la represión sobre la prevención, dejan de lado el problema estructural que alimenta al narcotráfico: la pobreza y la falta de oportunidades.

Mientras los gobiernos apuestan por la represión sin atender las causas de fondo, el crimen organizado encontrará soldados entre los más vulnerables.

La guerra contra las drogas no solo ha sido inútil: convirtió a América Latina en el epicentro de una violencia que no parece tener fin.