En su participación en el programa 30/30 de TSi, el economista y candidato presidencial del Partido de Unidad e Innovación Social Demócrata (Pinu-SD), Nelson Ávila, sugirió que el gobierno actual declare la continuidad del tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, en lugar de dejar esa decisión al próximo gobierno que asumirá el poder en enero de 2026.
Ávila, quien busca la presidencia en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, dijo que la presidenta Xiomara Castro "lo que debería hacer es una declaración de la continuidad del tratado de extradición", para evitar incertidumbre o procesos de renegociación con el gobierno de Estados Unidos.
El presidenciable advirtió que poner fin al tratado el 27 de enero de 2026 representa un riesgo para la lucha contra la impunidad y beneficiaría a quienes operan fuera del marco legal.
"Eliminarlo, ¿a quiénes beneficia? A todos aquellos que están operando bajo la ilegalidad. Tendrán un paraíso legal en Honduras si el tratado de extradición no continúa", expresó el aspirante presidencial.
Nelson Ávila cuestiona la no instalación de la CICIH
El candidato del Pinu-SD cuestionó también el compromiso del gobierno con el establecimiento de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), al señalar que ni siquiera han firmado aún un documento concreto que respalde dicha iniciativa.
"¿De qué compromiso con la CICIH hablan ellos si no son capaces ni de firmar un documento en este momento? ¿Qué significará cuando tengan el poder?", señaló Ávila.
Ávila también afirmó que, de ser electo presidente, su administración mantendría el tratado de extradición vigente y pediría que una CICIH empiece investigaciones desde su propio gobierno, como muestra de transparencia y compromiso con el combate a la corrupción.
Vigencia del Tratado de Extradición
En febrero de 2025, el Gobierno de Castro decidió mantener vigente el tratado de extradición con Estados Unidos, a pesar de haberlo denunciado formalmente en agosto de 2024.
La decisión inicial de denunciar el acuerdo se dio en medio de tensiones diplomáticas, luego de que la entonces embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, criticara la visita de altos funcionarios hondureños a Venezuela.
La visita, realizada en julio de 2024, incluyó al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, y al entonces secretario de Defensa, José Manuel Zelaya.
Ambos se reunieron en Caracas con el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, quien está sancionado por el gobierno de Estados Unidos, en el marco de un evento deportivo militar, lo que provocó molestia en Washington y desencadenó la denuncia del tratado por parte del gobierno hondureño.
Sin embargo, tras negociaciones entre ambas partes, el tratado se mantendrá vigente hasta el 27 de enero de 2026. Será el nuevo gobierno hondureño, que asumirá tras las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, el que tendrá la responsabilidad de ratificar o desechar la denuncia y decidir si el acuerdo se mantiene en el largo plazo.
PUEDE LEER: Suspensión de denuncia del Tratado de Extradición fortalecerá vínculos con EE. UU., afirma experto
