El diputado nacionalista Nelson Márquez, acusado de integrar una red que defraudó al Estado por más de 3,084 millones de lempiras, continuará cumpliendo arresto domiciliario luego de que un juez de Letras denegara la solicitud de cambio de medidas presentada por su defensa.
El abogado Dagoberto Aspra, representante legal del legislador, informó que se solicitó la modificación de la medida para que Márquez pudiera participar en actividades de campaña electoral, sin embargo, la petición fue rechazada.
Según la resolución judicial, los imputados en este caso deben presentar una fianza hipotecaria de 300 millones de lempiras, cifra que el juez consideró proporcional al supuesto daño causado al Estado. Pese a que la defensa presentó arraigo respaldado con bienes familiares, este no fue aceptado.
Aspra lamentó la decisión, ya que a su criterio coloca al subjefe de bancada del Partido Nacional en desventaja frente a otros candidatos que sí pueden hacer proselitismo.
Implicaciones políticas y legales para Márquez
Debido a la medida de arresto domiciliario, Márquez no podrá realizar actos políticos que requieran su presencia física. No obstante, legalmente su candidatura no está en riesgo inmediato.
Según el comisionado de La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), Emilio Hércules, "mientras no tenga sentencia firme nada le impide hacer campaña".
El artículo 311 de la Ley Electoral establece que las actuaciones judiciales contra un candidato no tienen efecto de inhabilitación, salvo que exista una sentencia firme condenatoria o que esta fuese el objeto principal de la acción.
En otras palabras, mientras no exista una condena definitiva, Márquez sigue siendo candidato, aunque limitado para realizar campaña en territorio nacional.
¿De qué se le acusa a Nelson Márquez?
El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), presentó requerimiento fiscal contra una red conformada por exfuncionarios, jueces, abogados y empresarios.
Se les acusa de operar durante más de dos décadas mediante contratos irregulares y fallos arbitrales sin validez legal, que permitieron demandas fraudulentas contra el Estado por más de 3,000 millones de lempiras.
Según las investigaciones, los recursos públicos fueron desviados a cuentas personales, pagaron hipotecas y se utilizaron en otros fines ajenos al interés del Estado.
La estructura habría usado documentos falsos, reglamentos sin publicación oficial y maniobras judiciales para ejecutar pagos desde instituciones como el Banco Central y Sedecoas-FHIS.
Entre los señalados también figuran la exprocuradora general Lidia Estela Cardona Padilla, la exfuncionaria Vicenta Doblado Andara, los abogados Caronte Rojas Zavala y Murray Paul Farmer, y los jueces Irissabel Miranda Hernández y Raymundo Esaú Gradiz Vilorio, este último también detenido.
