Un vehículo puede tener placas, número de chasis, documentos y un registro que diga dónde está. Pero en la flota que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) entregó en uso provisional a Copeco, no se sabe cuántos eran con exactitud ni cuáles correspondían realmente a los bienes asignados.
La conclusión no parte de una denuncia anónima ni de una versión política, surge del Informe No. 002/2025-DVBN-COPECO, elaborado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Fue una investigación especial sobre los vehículos administrados por la OABI y entregados en uso provisional a la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
La revisión abarcó el período del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2024.
El primer hallazgo fue básico, pero determinante: Copeco no contó con el convenio vigente.
Se informó que tampoco tená las actas de entrega emitidas por la OABI ni las actas de recibido correspondientes.
Para los auditores, esa ausencia documental impedía saber con exactitud la cantidad de vehículos e incluso identificarlos físicamente.
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OABI y Copeco: un inventario que no cerró
El problema tampoco se resolvía con revisar el listado, el TSC concluyó que Copeco no tenía un inventario actualizado, real y creíble sobre los vehículos administrados por la OABI que permanecían bajo su uso provisional.
Los diferentes registros variaron y el personal no logró identificar ni ubicar todas las unidades.
Durante la investigación, incluso las respuestas internas evidenciaron que no existía una sola cifra clara.
El director administrativo financiero de Copeco respondió al TSC que tenía conocimiento de la existencia de los vehículos, “pero no de la cantidad”.
Además señaló que había un listado cuya integridad tampoco podía garantizar porque no se recibió formalmente de administraciones anteriores ni de la OABI.
El jefe de Bienes fue más breve, consultado el 11 de marzo de 2025, respondió que conocía “algunos” y que desconocía cuántos eran.
El jefe de Transporte manejó otra referencia: calculó que eran “alrededor de 45 o más o menos”.
Las narrativas incluidas en el informe identifican los cargos de estos funcionarios, pero en esas respuestas específicas el documento no consigna sus nombres en el cuerpo principal revisado.
El TSC verificó 41 vehículos
La investigación logró inspeccionar físicamente 41 vehículos, frente a un inventario que rondó las 61 unidades proporcionado por el Departamento de Bienes de Copeco.
Eso no significa, sin embargo, que veinte vehículos desaparecieron, el propio informe establece que la diferencia no se verificó in situ porque las restantes unidades estaban reportadas en regionales de Copeco.
Por ello, el documento no permite afirmar que esa diferencia corresponda a vehículos perdidos o sustraídos.
El problema que sí deja documentado es otro: el Estado no tenía certeza suficiente para establecer que todos los vehículos inspeccionados fueran efectivamente los entregados por la OABI.
De hecho, el TSC advirtió que la ausencia de información podía llevar incluso a inspeccionar vehículos que no pertenecieran al convenio ni a la flota asignada en uso provisional.
Gestiones sin respuesta de la OABI
El informe también documenta las gestiones que Copeco aseguró que realizó para intentar ordenar el problema.
El secretario general en ese entonces informó al TSC que solicitaron a la OABI una copia del convenio, que ya estaba vencido, así como un inventario de los bienes que entregaron a la institución.
Según esa respuesta, también hubo conversaciones por WhatsApp para conocer los requisitos de renovación y seguimientos telefónicos los días 6 y 18 de marzo de 2025.
El mismo funcionario aseguró que se escribió directamente al entonces director de la OABI, el abogado Marco Zelaya, pero que no hubo respuesta.
El jefe de Bienes Nacionales de Copeco informó, por su parte, que se utilizaron archivos e inventarios de la administración anterior para tratar de identificar cuáles vehículos pertenecían a la OABI.
También reportó memorandos dirigidos a diferentes autoridades y señaló que el secretario general, Denis Ramírez, había sido autorizado para mantener la relación institucional con la OABI.
De vehículos incautados a chatarra
El desorden documental tenía una expresión física, durante las inspecciones, los auditores encontraron vehículos en diferentes condiciones.
Algunos en buen estado, pero otros inservibles, deteriorados, en mal estado, convertidos en chatarra y expuestos a la intemperie.
El deterioro alcanzó un punto crítico: en algunas unidades ya era difícil distinguir características que permitieran identificarlas y verificar si realmente pertenecían a la flota asignada por la OABI.
Los auditores preguntaron por qué los vehículos inservibles y convertidos en chatarra no se concentraron en un solo lugar para evitar mayor deterioro, pérdidas o extracción de piezas.
La respuesta fue que moverlos resultaba difícil debido a su condición física y que se intentaría agruparlos posteriormente.
El TSC fue todavía más lejos y advirtió que los vehículos dispersos en los predios de Copeco se exponían a saqueo y extracción de piezas, además del deterioro producido por permanecer a la intemperie.
El riesgo que dejó el descontrol
La falta de identificación no era solamente un problema administrativo y el Tribunal señaló que un registro sin datos confiables podía facilitar la pérdida de bienes o convertirlos en objeto de saqueo.
También advertía que una inspección podía terminar realizándose sobre vehículos que ni siquiera pertenecieran a la flota entregada por la OABI.
La situación llegó al punto de que el propio informe utiliza reiteradamente la expresión “supuestos vehículos”.
Esto porque los auditores no encontraron documentación suficiente para confirmar con certeza la identidad de todas las unidades.
Lo que concluyó el TSC
El capítulo de conclusiones resume el problema sin dejar demasiado espacio para interpretaciones.
El TSC determinó que no existía un inventario real y creíble y que la flota tampoco estaba identificada con exactitud.
Además, faltaban documentos que permitieran acreditar adecuadamente el proceso de entrega y recepción de los vehículos.
Además, durante las inspecciones se encontraron vehículos en uso provisional que estaban inservibles y en mal estado.
El informe también reportó unidades perdidas y abandonadas, como parte de las deficiencias detectadas en la flota.
El informe no individualiza en sus conclusiones cuáles vehículos estaban “perdidos”, ni establece que los robaron, o que funcionarios los sacaron ilegalmente de Copeco.
Lo que documenta es un problema de control, custodia, identificación y respaldo documental de bienes públicos entregados en uso provisional.
Por eso, el TSC ordenó corregir el inventario, ubicar e identificar los vehículos, obtener los documentos faltantes y establecer controles para su guarda y mantenimiento.
La institución debía presentar un plan de acción dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación del informe.
El documento está fechado en Tegucigalpa el 31 de marzo de 2025 y expone el descontrol sobre vehículos incautados bajo custodia estatal.
Durante años no hubo certeza plena sobre cuántos vehículos eran, cuáles correspondían a la OABI ni en qué condiciones permanecían.
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