El reclamo es contundente. Organizaciones de sociedad civil, encabezadas por la Red COIPRODEN (Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos), alzaron la voz ante lo que califican como una traición a la niñez hondureña.

El Congreso mantiene en suspenso leyes que podrían marcar un antes y un después para miles de menores que sobreviven entre la violencia, la pobreza y la desprotección institucional.

En lo que va de 2025, más de 400 niños, niñas y adolescentes han muerto de forma violenta.

Detrás de cada número hay una historia truncada, un hogar devastado y un sistema incapaz de responder.

“El Congreso no sesiona, pero sí cobra. Engavetan los decretos de niñez y juventud mientras la violencia sigue golpeando”, denunció Nelson Castañeda, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Para las organizaciones, el problema no es solo legislativo, sino estructural: los bajos presupuestos y la falta de voluntad política agravan la crisis de protección infantil que arrastra el país desde hace décadas.

Niñez en abandono: el costo de la indiferencia

Niños y adolescentes se convierten en blanco de agresiones, reclutamiento forzado y homicidios.

Según Wilmer Vásquez, director de COIPRODEN, esta situación refleja un mal más profundo: “El tema de las muertes violentas es una problemática estructural que enfrenta el país, donde debe existir corresponsabilidad de toda la sociedad”.

Esa corresponsabilidad, agrega Vásquez, implica que no solo el Estado debe responder, sino también las familias, las comunidades, las escuelas y los medios de comunicación.

Sin embargo, cuando las instituciones encargadas de proteger a los menores no cuentan con recursos ni respaldo político, el círculo de la impunidad se perpetúa.

Presupuesto ínfimo, resultados imposibles

El presupuesto destinado a la protección infantil sigue siendo insuficiente. Las instituciones encargadas del resguardo, atención y justicia para los menores operan con limitaciones logísticas, de personal y de coordinación interinstitucional.

“Con un presupuesto tan bajo, difícilmente se pueden realizar acciones efectivas”, recalcó Castañeda.

Por ejemplo, el presupuesto de la  Secretaría de Estado en los Despachos de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) para el 2025 asciende a 232.5 millones de lempiras. A modo de comparación el presupuesto de las Fuerzas Armadas es de casi 11,000 millones de lempiras.  

Mientras tanto, la violencia avanza más rápido que la respuesta estatal. Cada día que pasa sin que las leyes se aprueben o los recursos aumenten, más niños quedan expuestos al crimen, al abandono y a la marginación.

El principal proyecto en materia de niñez que permanece archivado en el Congreso Nacional de Honduras es la adhesión al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Este protocolo es relativo a la vigilancia en la venta de menores, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

Esta iniciativa, busca reforzar la protección contra la explotación sexual infantil, pero fue bloqueada por la oposición en agosto de 2025.

Los argumentos para frenar su aprobación se centraron en la preocupación —infundada, según expertos— de que la adhesión podría abrir la puerta a cambios de nombre o sexo en menores de edad.

Sin embargo, las organizaciones aseguran que el verdadero objetivo del protocolo es garantizar la protección integral de la niñez frente a toda forma de explotación y abuso sexual.

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Una deuda moral que Honduras no puede seguir ignorando

Las cifras y las denuncias dibujan una realidad dolorosa: Honduras sigue sin garantizar una vida digna y segura para su niñez.

A pesar de los discursos, las promesas y las comisiones especiales, la niñez continúa en el abandono institucional.

Los defensores coinciden en que este no es solo un problema político, sino una deuda moral con las futuras generaciones.

Sin leyes activas, sin inversión y sin compromiso real, el país seguirá condenando a sus niños a crecer en un entorno de violencia y exclusión.