La recompensa de 35 millones de lempiras ofrecida por información que conduzca a la captura del general retirado Romeo Vásquez Velásquez ha generado cuestionamientos dentro del propio sector Seguridad.
Así lo expresó el secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, al considerar que el monto resulta desproporcional en relación con el valor público que tendría su captura.
Durante su participación en el programa 30/30 del domingo 8 de febrero, Velásquez sostuvo que las recompensas deben aplicarse únicamente como una medida de último recurso, una vez agotadas todas las diligencias investigativas ordinarias por parte de los cuerpos de investigación.
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"Este tipo de estrategias pueden ser viables, pero solo cuando ya se han evacuado todos los medios convencionales para localizar a una persona. Además, debe existir un análisis técnico que determine si el monto realmente corresponde al valor público de esa captura", señaló el funcionario.
El secretario advirtió que la política de recompensas no puede responder a decisiones arbitrarias ni a criterios discrecionales, sino a evaluaciones caso por caso, tomando en cuenta la gravedad del delito, el impacto social y la comparación con otros objetivos criminales de alto perfil.
Recompensas deben responder a criterios técnicos
Velásquez ejemplificó que dentro del mismo listado de los "10 más buscados" figuran personas vinculadas a estructuras criminales y pandillas responsables de la muerte de varios policías, pero con recompensas inferiores. A su criterio, esta diferencia obliga a revisar los criterios con los que se asignan los montos.

Asimismo, alertó sobre el impacto que tendría el pago de una suma tan elevada en el presupuesto de la Secretaría de Seguridad, señalando que esos recursos podrían destinarse a fortalecer áreas clave como logística, equipamiento y condiciones operativas de los agentes de seguridad.
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"Tenemos muchas necesidades dentro del sistema de seguridad. Quitar 35 millones del presupuesto no es una decisión menor", subrayó.
La búsqueda de Romeo Vásquez
La Secretaría de Seguridad actualizó en noviembre de 2025 el afiche de los más buscados, elevando a 35 millones de lempiras la recompensa por información fidedigna que permita ubicar y capturar a Vásquez Velásquez, convirtiéndose en la cifra más alta ofrecida en el país por un prófugo.
El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas es acusado por el Ministerio Público como presunto responsable del homicidio del joven Isis Obed Murillo, ocurrido el 5 de julio de 2009 frente al aeropuerto Toncontín, durante una manifestación posterior al golpe de Estado del 28 de junio de ese año.
En el mismo hecho resultó gravemente herido el manifestante Alex Roberto Zavala.
Otros generales implicados en el caso cumplen prisión, mientras que Vásquez permanece prófugo desde que se revocaron las medidas sustitutivas que le habían sido otorgadas.
Pese a su condición legal, el exmilitar ha difundido mensajes en redes sociales en los que se declara víctima de una persecución política, argumento que ha sido rechazado por las autoridades judiciales.
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