El lavado de activos es más que una simple consecuencia del crimen organizado; es una industria en sí misma, que muta y se adapta a los controles establecidos.
En Latinoamérica, esta amenaza se presenta en diversas formas, desde el uso de cuentas bancarias hasta la compra de propiedades inmobiliarias con efectivo.
Y ahora, con la irrupción de los activos virtuales como nueva herramienta para el blanqueo, surgen nuevas amenazas.
El espectro de las amenazas
De acuerdo con el último informe de GAFILAT, las principales amenazas que alimentan el lavado de activos en la región incluyen el tráfico ilícito de drogas, la corrupción, la participación en grupos delictivos organizados, el contrabando y los delitos fiscales.
Además, emergen como nuevos retos la extorsión y también el uso ilícito de activos virtuales.
“El lavado de dinero es un problema monumental, porque opera como el combustible que sostiene a las redes de crimen organizado,” asegura Martín Barahona, economista hondureño.
Estas redes adaptan constantemente sus estrategias para mantenerse por delante de las autoridades, utilizando sectores económicos vulnerables para lavar fondos de origen ilícito.
Metodologías en evolución
Según el informe, las técnicas de lavado más comunes incluyen el uso de testaferros, la creación de estructuras jurídicas y el transporte de dinero en efectivo a través de fronteras.
Sin embargo, el fraccionamiento de grandes cantidades de dinero también sigue siendo recurrente.
El economista costarricense Daniel Suchar destaca el papel predominante del mercado inmobiliario en esta dinámica:
“El grueso del lavado de dinero se da en la compra de propiedades, vehículos de alta gama y otras inversiones que se realizan en efectivo".
También advierte sobre el uso de trabajos rurales pagados con dinero en efectivo, una práctica que dificulta la trazabilidad de los fondos.
Sectores más vulnerables
El sistema bancario sigue siendo el principal objetivo para el lavado de dinero en Latinoamérica, seguido por el sector automotriz, inmobiliario y notarial.
En Honduras, estas actividades son particularmente preocupantes debido a la limitada supervisión en ciertos sectores y la inexistencia de controles en otros.
“A pesar de que el mercado financiero hondureño no es gigantesco, abarca una amplia gama de actividades económicas,” señala Barahona.
La falta de capacidad para investigar delitos financieros complejos crea un ambiente propicio para el blanqueo de dinero, exacerbado por los altos niveles de corrupción en el sector público y privado.
Normativa y regulación: avances y retos
En 2019, Honduras adoptó una estrategia nacional contra el lavado de activos que, aunque prometedora, está lejos de implementarse plenamente.
Las regulaciones existentes exigen la debida diligencia del cliente y el reporte de transacciones sospechosas, pero se necesitan reformas legales adicionales, particularmente en el sector no financiero.
Barahona subraya que las empresas deben aplicar medidas de “debida diligencia” para identificar transacciones sospechosas y reportarlas a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
No obstante, la supervisión es desigual y los recursos para enfrentar estas amenazas son limitados.
Un fenómeno transnacional
El lavado de activos no conoce fronteras. La libre circulación de ciudadanos en el triángulo norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) facilita el contrabando de personas, bienes y dinero en efectivo.
Este escenario, combinado con la falta de tratados de asistencia legal mutua entre Honduras y otros países clave, complica los esfuerzos de cooperación internacional.
El economista Daniel Suchar destaca un fenómeno emergente: “El uso de criptomonedas para lavar dinero sigue siendo bajo, pero podría crecer rápidamente a medida que estas tecnologías se popularicen”.
Esto plantea un nuevo desafío para los gobiernos, que deben desarrollar herramientas adaptadas a esta realidad dinámica.
El lavado de activos es una amenaza en constante evolución que requiere una respuesta igualmente dinámica.
En países como Honduras, la combinación de corrupción, debilidades institucionales y sofisticadas metodologías delictivas subraya la urgencia de una acción conjunta.
Mientras las redes criminales continúan reinventándose, la pregunta no es si los gobiernos podrán alcanzarlas, sino cuán pronto pueden adaptarse para evitar que esta plaga comprometa su futuro económico y social.
