Síguenos en Google News
El 25 de noviembre de 2024, marca el inicio del juicio oral y público contra nueve mujeres acusadas de perpetrar la masacre de 46 reclusas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
Este caso, considerado un crudo reflejo de la crisis en el sistema penitenciario hondureño, promete revelar cómo el crimen organizado opera tras los muros de las cárceles.
Una tragedia que marcó a Honduras
El 20 de junio de 2023, a las 7:45 de la mañana, el caos se apoderó de PNFAS. Miembros de la pandilla 18, utilizando armas de fuego, objetos punzocortantes y contundentes, sometieron a las encargadas de la seguridad penitenciaria y desataron una ola de violencia.
En un acto meticulosamente planificado, atacaron a sus rivales de la Mara Salvatrucha (MS-13), dejando un saldo de 46 mujeres muertas.
Los cuerpos los encontraron en los módulos, frente a la enfermería y en otros puntos del penal.
Los detalles escalofriantes
Según las investigaciones de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), a 23 de las víctimas las asesinaron a disparos y agresiones directas.
Las otras 23 murieron calcinadas o asfixiadas al encerrarlas y atacarlas con líquidos inflamables.
Las acusadas lograron desactivar las cámaras de seguridad y acceder a armas provenientes del exterior, incluidas pistolas, fusiles y subametralladoras, algunas pertenecientes a la Policía Nacional.
Las acusadas y los cargos
Arleny Sarahi Guerra Portillo, enfrenta cargos de asociación para delinquir, asesinato, tentativa de asesinato e incendio cualificado.
Otras ocho mujeres: Claudia Lemus Aceituno, Lesbia Rodríguez Orellana, Cherry Guevara, Heidy Palma Rivera, Karen Ávila Pavón, Leyla Figueroa Pavón, Susana Godoy y Francis Chavarría Ávila, también enfrentan juicio bajo prisión preventiva.
La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, reveló que, previo a la masacre en PNFAS, ingresaron al penal gasolina y armas con la complicidad de las autoridades policiales.
Este hecho evidencia cómo la corrupción y la negligencia contribuyeron a la tragedia, alimentando la desconfianza en el sistema.
Lo que se espera del juicio
El Ministerio Público presentó una sólida base probatoria, incluyendo testimonios, peritajes y evidencia recolectada en el lugar.
Durante cinco días, los jueces escucharán cómo se planificó y ejecutó el ataque, así como los nexos entre las acusadas y estructuras criminales externas.
Además, este juicio podría sentar un precedente en la lucha contra el crimen organizado y develar también a otros actores.
Las víctimas, muchas de las cuales cumplían sentencias menores, merecen justicia, y la sociedad exige que los responsables rindan cuentas.
Por lo tanto, no sólo juzga a las acusadas, sino también expone las fallas de un sistema que permitió que ocurriera esta tragedia.