La propuesta del presidente Nayib Bukele a Estados Unidos de transferir a migrantes deportados a El Salvador, con la posibilidad de que sean recluidos en sus prisiones, enciende las alarmas entre expertos en migración.
Edgardo Molina, analista en movilidad humana, advierte que esta medida podría romper con los principios internacionales en materia de derechos humanos y justicia.
“Esto abre la posibilidad de que los migrantes que cometieron delitos en Estados Unidos no cumplan su condena en el país donde se les acusó ni en su lugar de origen, sino en El Salvador, generando un limbo legal y una posible violación a sus derechos”, explica Molina.
La medida, según el experto, obligará en el caso de hondureños a que familiares viajen a El Salvador para visitarlos o gestionar su situación legal, lo que representa un obstáculo adicional a una población ya de por sí vulnerable.
La estrategia política de control migratorio
Según Molina, esta decisión responde a una estrategia política impulsada por el presidente Donald Trump, quien busca hacer de la migración una experiencia traumática para desincentivar nuevos flujos migratorios.
La medida también pone en jaque a las organizaciones de derechos humanos que trabajan con migrantes, quienes temen que cualquier acción en contra de este plan pueda resultar en recortes de financiamiento de agencias internacionales.
“No hay beligerancia en la sociedad civil porque las organizaciones que podrían pronunciarse miden sus acciones por miedo a perder los fondos. El resultado es que nadie pondrá resistencia y los migrantes serán tratados como les dé la gana”, sostiene Molina.
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¿El Salvador un centro de reclusión migratoria?
La analista salvadoreña Celia Medrano enfatiza que esta decisión puede traer consecuencias graves para la región, comparando la situación con lo ocurrido en la década de 1990, cuando la deportación masiva de pandilleros desde Estados Unidos fortaleció a las maras en El Salvador y Honduras.
“En los noventa, la deportación de miembros de pandillas desde Estados Unidos creó un efecto dominó que terminó con el control de las cárceles y de comunidades enteras por parte de estos grupos. Ahora, con esta tercerización de la reclusión migratoria, los riesgos son similares”, advierte Medrano.
Además, señala que convertir la recepción de migrantes en un negocio penitenciario, donde privados administran las cárceles y los gobiernos reciben dinero por aceptar reos extranjeros, podría resultar en enriquecimiento ilícito para quienes controlan las instituciones estatales.
“Se negará información detallada, se anularán controles de transparencia y rendición de cuentas, mientras algunos se benefician de esta situación”, agrega.
Un precedente peligroso para Centroamérica
La propuesta de utilizar a El Salvador como un centro de detención migratoria lleva al secretario de Estado Marco Rubio a analizar la legalidad de la oferta salvadoreña, misma que asegura deberá ser revisada antes de concretarse.
"Vale la pena considerar la propuesta”, dijo a los medios estadounidenses, lo que indica que la iniciativa podría avanzar.
Para los expertos, si El Salvador se convierte en una prisión para migrantes deportados, los impactos podrían ser devastadores.
“Lo que está ocurriendo es un negocio disfrazado de control migratorio, sin importar las consecuencias para la población salvadoreña ni para los países vecinos”, concluye Medrano.
El reto de Honduras: reinserción laboral
Mientras este plan avanza, Honduras enfrenta otro desafío: la reinserción de sus ciudadanos deportados.
Elena Toledo, consultora en migración, advierte que la falta de oportunidades laborales sigue siendo el mayor obstáculo.
“Muchas de estas personas emigraron debido a la falta de empleo o por amenazas a sus emprendimientos. Solo el año pasado, la industria maquilera perdió 50,000 empleos. Ahora que regresan, ¿qué se les ofrecerá?”, cuestiona Toledo.
El gobierno hondureño anunció un plan para mejorar la seguridad alimentaria y brindar capital semilla a los retornados.
Pero la experta advierte que estos programas deben estar bien estructurados para que sean sostenibles.
“No basta con entregar bonos sin seguimiento. Cada migrante tiene una situación distinta y no todos quieren emprender”, explica.
Para que la reinserción sea exitosa, Toledo insiste en la necesidad de una estrategia integral que incluya apoyo logístico, formación laboral y colaboración con el sector privado.
“Aún existe mucho estigma hacia los migrantes retornados. Se piensa que solo esperan otra oportunidad para volver a irse. Pero si el país les ofrece condiciones dignas, podrían encontrar en Honduras una nueva oportunidad”, concluye.
Las decisiones que se tomen en los próximos meses definirán el rumbo de miles de personas cuyas vidas están en juego.
¿Podrán los gobiernos ofrecer soluciones reales o los migrantes seguirán siendo moneda de cambio en acuerdos internacionales? Solo el tiempo lo dirá.
