El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), publicó un reglamento que regula de manera estricta los sobrevuelos, aterrizajes y el tránsito de embarcaciones extranjeras en territorio nacional.
El nuevo reglamento contenido en el Acuerdo SDN No. 061-2025, divulgado en los últimos días pero publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 7 de junio de este año, busca controlar el ingreso de aeronaves oficiales, humanitarias y militares, así como buques de guerra de estados beligerantes.
El analista político Héctor Corrales explicó que todos los vuelos ahora deben solicitarse con antelación, variando los plazos según su naturaleza, y pasar por la revisión de Defensa y la Cancillería.
Además, Defensa determina las rutas y altitudes, prohibiendo el uso de cámaras o sistemas de vigilancia sin autorización expresa, y se reserva el derecho de cerrar el espacio aéreo en cualquier momento.
"Con este reglamento, nada es automático. Incluso sobrevuelos de apoyo o tomas filmadas para monitoreo de narcopistas deben solicitar permiso con anticipación, aumentando el riesgo de filtraciones de información", señaló Corrales.
Retroceso
El experto en aeronavegación, Pavel Espinal, considera que la medida representa un retroceso en la lucha contra el crimen organizado.
Por lo anterior, Espinal advirtió que aeronaves extranjeras, principalmente de Estados Unidos, ya no podrán acompañar vuelos locales de vigilancia ni utilizar sistemas de vigilancia para interceptar naves sospechosas de tráfico de drogas.
Según él, la medida envía un mensaje claro: "narcos welcome home, y gringos go home". Además, agregó que "aquí pasa cualquier cantidad de aviones que ustedes no se imaginan en vigilancia aérea sobre el espacio internacional, sobre el espacio internacional que está arriba y pasa monitoreando a toda Centroamérica y el Caribe, aún Sudamérica".
La publicación del reglamento coincide con tensiones internacionales, como la vigilancia estadounidense sobre Venezuela, y genera suspicacias sobre posibles intereses del gobierno de neutralizar la cooperación militar extranjera antes de las elecciones generales.
El diputado del Partido Liberal, Marlo Lara, opinó que la medida refleja "desesperación ante convenios bilaterales previamente establecidos" y advirtió sobre el respeto que deben tenerse a tratados internacionales, incluyendo la base militar de Palmerola en Comayagua.
Analistas coinciden en que la medida es poco pragmática, pues un reglamento interno no puede contradecir la Constitución ni los tratados internacionales.
Mientras tanto, la población y sectores de seguridad observan con preocupación los posibles impactos en la vigilancia, inteligencia y lucha contra el crimen organizado en Honduras, en un contexto donde el narcotráfico y la inseguridad aérea son amenazas constantes en la región.
