El director ejecutivo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Zelaya, afirmó que ha presentado 40 denuncias documentadas contra exempleados por irregularidades en el manejo de las incautaciones de ese organismo, sin embargo, hasta el momento no ha recibido respuesta del Ministerio Público (MP).

"Hemos documentado y presentado denuncias, pero lamentablemente, hasta el día de hoy, tengo que decirlo, no he tenido respuesta del Ministerio Público", expresó Zelaya el martes en el noticiero TN5 Estelar de Canal 5.

Zelaya comentó que no quisiera pensar que la falta de acompañamiento de la Fiscalía se deba a que algunos funcionarios dentro del MP estén operando con exempleados de la OABI que engañan a hondureños con la venta de propiedades.

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"No quisiera pensar que estas estructuras criminales hayan logrado permear el Ministerio Público y estén bloqueando el avance de estas investigaciones por miedo a que se descubran personas infiltradas en estas actividades", expresó el funcionario.

Marco Zelaya destacó que los casos de excolaboradores que se han beneficiado de los bienes incautados y administrados por la OABI provienen de San Pedro Sula (Cortés), Tocoa (Colón) y Choluteca (Choluteca).

"Encontramos un caso de una exempleada que cobraba rentas de propiedades administradas por la OABI, y el pago se realizaba a ella, no a la OABI como por ley corresponde", aseguró Zelaya.

Acompañamiento crucial

Además, enfatizó que el acompañamiento del Ministerio Público es crucial para respaldar el esfuerzo de la OABI en las denuncias presentadas, lo que ayudaría a evitar que se repitan casos como el de la "Red del abogado".

Este caso involucra a varios profesionales del derecho que supuestamente operan con miembros de la Policía Nacional y estarían implicados en la muerte de un empresario de Colón.

El empresario Franklin Villeda Caballero fue asesinado el 19 de febrero en Pimienta, Cortés, después de haber sido citado por un abogado para concretar la compra-venta de una propiedad incautada por la OABI.

Villeda había viajado junto a su esposa desde Tocoa, Colón, a San Pedro Sula, Cortés, y se desplazó a un hotel donde lo esperaba el abogado que se hacía pasar como representante de la OABI.

Según las investigaciones de las autoridades, Villeda fue sacado inconsciente del hotel y llevado a Pimienta, donde lo acribillaron e intentaron quemar su cuerpo.

"La hipótesis es que el empresario llevaba el dinero para pagar por este bien inmueble y fue víctima de un robo que culminó en su asesinato", comentó el director general de la Policía Nacional, comisionado Juan Manuel Aguilar.

Por este caso, un policía activo está detenido, y las autoridades están tras la pista de otro agente y al menos tres abogados.