La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) en Honduras, creada en 2012 para administrar los bienes incautados en el combate al crimen organizado, es el blanco de denuncias sobre corrupción, despilfarro y manejo ineficiente de recursos.
Un informe presentado por el exdirector de la Oabi Jorge Gonzáles en 2023, junto con una denuncia ante la Fiscalía, dejó al descubierto las graves irregularidades dentro de la institución, evidenció la falta de control y de la corrupción en su interior.
Según Rigoberto Portillo, exintegrante de la comisión interventora de la OABI, "el despilfarro de recursos y la fiesta con los bienes incautados se denunciaron desde el principio".
La situación la describe como una "fiesta" en la que los bienes se vendían en cuanto eran incautados.
"Los vehículos desaparecían, las haciendas saqueadas, el ganado perdido y el dinero nunca apareció", lamentó Portillo.
Un inventario de pérdidas
Durante el período de intervención, entre 2023 y 2024, la comisión interventora integradea por Rigoberto Portillo, Hugo Suazo y Roger Mendoza presentaron documentos y evidencia sobre la grave situación de la OABI.
A pesar de que se realizaron 11 devoluciones de bienes, un hecho sin precedentes, muchas de las propiedades entregadas a los afectados nunca se restituyeron en su totalidad.
"Se entregó lo que se encontró", explicó Portillo. "A los afectados se les devolvió lo que se halló, pero la deuda de bienes por devolver es enorme", agregó.
Los contratos de arrendamiento para vehículos y bienes eran fraudulentos, con contratos leoninos que nunca se cobraron.
La falta de capacidad estructural de la OABI
El escaso presupuesto asignado a la OABI, apenas 9.8 millones de lempiras al año, junto con la carencia de infraestructura y personal capacitado, es otro de los factores que contribuye a su ineficiencia.
"Lo más conveniente es desaparecerla, cerrarla y crear una nueva institución, como nosotros propusimos", lamentó Portillo.
La recomendación de la comisión interventora era una reestructuración profunda, pero el cambio nunca llegó.
Lo único que ocurrió fue un cambio de nombre de la OABI, sin abordar los problemas estructurales.
Los bienes incautados se almacenaron de manera inadecuada, con riesgos de robos, vandalismo y deterioro.
Muchos inmuebles y vehículos se dispersaron por todo el país, sin una vigilancia adecuada.
La falta de procedimientos claros y manuales de operación resultó en la destrucción de muchos bienes y un creciente daño al Estado.
La intervención tardía de la ATIC
A pesar de que desde 2024 se documentó la gravedad de la situación, hasta en abril de 2025 la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) intervino la OABI.
Sin embargo, como refieren los afectados de la OABI, muchos de los bienes ya no existen o se encuentran en pésimas condiciones.
"Al fin toman mano en una institución que es un nido de corrupción y saqueo. Pero muchos de los bienes ya no están, y otros están en completo deterioro", comentó una familia de Copán que sufrió pérdidas al intentar recuperar sus bienes.
La falta de control en la administración de bienes incautados genera un incremento de demandas legales contra el Estado.
La gestión de la OABI deja al país expuesto a más litigios y hace que los bienes que deben recuperarse para el Estado sean mal administrados.
Un futuro incierto
El problema de la OABI no solo radica en su ineficiencia, sino también en la acumulación futura de bienes.
Con la creciente lucha contra el crimen organizado, es probable que más bienes se incauten en el futuro.
Esto plantea un desafío aún mayor para una institución que ya está al borde del colapso.
La falta de infraestructura, equipo y personal capacitado hace imposible que la OABI cumpla con su misión de manera efectiva.
Por ello, el abogado Rigoberto Portillo sugiere una reestructuración profunda, que incluya una revisión de los procesos y procedimientos, además de sugerir la adquisición de nueva infraestructura y la capacitación del personal.
"Es necesario rediseñar la OABI y hacerla más eficiente, operativa y profesional", concluyó Portillo.
Un cambio urgente
La OABI es un ejemplo claro de cómo la corrupción puede socavar instituciones clave en el combate contra el crimen organizado.
A pesar de las denuncias y los esfuerzos por mejorar la situación, la falta de acción efectiva permite que se convierta en un agujero negro de recursos públicos.
La intervención tardía de la ATIC podría ser un paso hacia la justicia, pero las pérdidas ya son irrecuperables.
El Estado de Honduras debe replantear urgentemente el futuro de la OABI para evitar que sea la gallina de los huevos de oro para quienes desfalcan y mal administran bienes incautados.
