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La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) oficializó este sábado la entrega de 5,216,172.79 lempiras al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), recursos provenientes del remate de bienes asegurados a la ciudadana chilena Natalia Patricia Ciuffardi Castro.
El director de la OABI, Marco Zelaya, explicó que los fondos estaban bajo custodia de la institución y provienen de la venta de una casa de playa en la avenida de Mar de la comuna El Tabo, en Valparaíso.
Asimimo, dos departamentos en la avenida Vicuña Mackenna, en la comuna La Florida, y dos vehículos, todos ubicados en Chile.
Las diligencias para asegurar y rematar estos bienes fueron coordinadas con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, su contraparte en Chile y el Ministerio Público, según detalló Zelaya.
Con esta nueva transferencia, la OABI ha entregado al IHSS un total de 49,969,565 lempiras en el marco de este caso, que está relacionado con el desfalco de la institución de salud.
¿Quién es Natalia Ciuffardi?
Natalia Ciuffardi fue extraditada y juzgada en Chile, donde recibió una condena de cinco años de libertad vigilada. Además, el Ministerio Público logró asegurarle tres propiedades en Tegucigalpa, entre ellas dos apartamentos en Condominios Horizontes y una vivienda en la colonia San Ignacio.
Zelaya adelantó que en los próximos días se transferirá también un millón de dólares incautados en Washington, en el marco de los casos vinculados al fraude del IHSS.
A ella se le vinculó amorosamente con el exdirector del IHSS, Mario Zelaya.
Mario Zelaya Rojas fue una figura central en uno de los mayores escándalos de corrupción en Honduras. Durante su gestión, se descubrió un desfalco millonario que llevó al colapso financiero de la institución, afectando gravemente la atención médica de miles de hondureños.
Tras permanecer prófugo durante 221 días, Zelaya fue capturado el 14 de septiembre de 2014 y desde entonces ha enfrentado múltiples procesos judiciales.
A lo largo de estos años, Zelaya ha acumulado diversas condenas que suman 38 años de prisión por delitos como malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y lavado de activos.