La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) condenó el asesinato de dos miembros de una cooperativa campesina en Trujillo, Colón, en la región Caribe de Honduras.

Los esposos José Luis Hernández y su esposa Suyapa Guillén fueron acribillados el viernes 31 de enero por la tarde en la comunidad de Rigores de Trujillo.

"Este lamentable acto de extrema violencia forma parte de la escalada de agresiones contra varias cooperativas campesinas del Bajo Aguán, iniciada con la incursión de grupos armados", indicó la Oacnudh.

La Oficina exigió al Estado hondureño realizar una investigación rápida y rigurosa, capturar a los responsables, implementar medidas urgentes para frenar la violencia en el Bajo Aguán, prevenir nuevos ataques y proteger la vida de las familias afiliadas a las cooperativas campesinas.

El viernes se había informado que tres personas fueron asesinadas: una pareja y su hijo. Sin embargo, las autoridades policiales confirmaron que solo los esposos fueron víctimas mortales.

El hijo, cuyo nombre no ha sido revelado, resultó herido y recibe atención médica en un centro asistencial de Trujillo.

Conflicto por tierras

La tenencia de tierras en el departamento de Colón ha generado un conflicto que dura décadas y ha dejado alrededor de 200 muertos, sin que se vislumbre una solución a corto plazo. A esto se suma la persistente presencia del narcotráfico en la zona.

El ambiente en Colón, principalmente en lo que se conoce como el Valle del Aguán, es de "miedo y terror" debido a las amenazas de terratenientes, empresas que han "usurpado tierras" y personas aliadas a ellos.

Estas han "amenazado y mandado matar" a quienes intentan recuperar terrenos que el Estado les heredó, según pobladores del municipio de Tocoa y sus alrededores, quienes hablaron con la agencia Efe.

Colón figura entre las regiones más violentas del país, debido a los conflictos territoriales y el narcotráfico, que ha operado con total libertad durante muchos años, respaldado por políticos (algunos diputados y alcaldes), militares, policías y empresarios. Este panorama atemoriza a la población civil, que, en su mayoría, prefiere no hablar para proteger su vida y la de su familia.

Muertes de ambientalistas

Otro problema en Colón es la explotación minera, que ha sido objeto de oposición por parte de grupos ambientalistas debido a los daños causados, como la contaminación de ríos. Esta situación ha derivado en amenazas y el asesinato de ambientalistas.

Las tierras que los campesinos organizados reclaman fueron otorgadas por el Estado a mediados de los años 70, mediante un programa de reforma agraria impulsado por uno de los regímenes militares.

El caso más reciente ocurrió el 14 de septiembre de 2024, cuando fue asesinado Juan López, quien tenía medidas cautelares tanto locales como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

López, de 46 años, era ambientalista, concejal de la Alcaldía de Tocoa y "delegado de la palabra de Dios y miembro del Consejo de la Parroquia", recordó a Efe el párroco de Tocoa, Carlos Orellana.

La Iglesia Católica, organismos ambientalistas y de derechos humanos, entre otros, afirman que en el asesinato de López están involucrados ejecutivos de la empresa minera Pinares Ecotec y el alcalde de Tocoa, Adán Funez, del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre).

Heridos por conflictos

Más recientemente, tres personas resultaron heridas de bala, entre ellas un líder de la Iglesia Católica, tras enfrentamientos violentos en el sector de Quebrada de Arena, en Tocoa.

Francisco Fúnez, director del Instituto Nacional Agrario (INA), señaló que los enfrentamientos tuvieron lugar entre pobladores, campesinos y grupos armados insurgentes.

Estos enfrentamientos fueron consecuencia de una disputa territorial que ha permanecido latente durante años en la región, específicamente por el control de la finca Tranvía.