Las autoridades del Ministerio Público, informaron este martes que la Corte de Apelaciones ratificó este martes el auto de formal procesamiento con detención judicial contra ocho oficiales de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), acusados de implantar pruebas y robar las pertenencias de un ciudadano.

Asimismo, detallaron que la corte declaró "No Ha Lugar" los recursos presentados por la defensa.

Los agentes involucrados en este caso son:

Bayron Isidro Ramos Hernández, Josiel Fernando Rueda Núñez, Wilson Josué Durón Valladares, Carlos Noé Núñez Álvarez, Joel Renán Zambrano Banegas, Rodys Edgardo Hernández Casco, Walter Alexander Muñoz Muñoz, Denis Alfredo Estrada López.

Los acusados enfrentan los cargos de asociación para delinquir, robo con violencia, abuso de autoridad, allanamiento de morada, falsificación de documentos públicos y tratos crueles e inhumanos por funcionarios públicos.

Relato de los hechos 

Según las investigaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el hecho ocurrió el 12 de enero de 2024, a las 4:40 de la madrugada, los oficiales llegaron a bordo de dos vehículos sin placas hasta una vivienda en la colonia Monte Fresco en San Pedro Sula.

Tras romper violentamente el portón, ingresaron al hogar, golpearon al propietario y lo interrogaron sobre el paradero de dinero, drogas, armas y otros bienes de valor.

Los agentes sustrajeron dos celulares de alta gama, un arma de fuego, una cartera con documentos personales y dinero, además, intentaron desactivar el sistema de cámaras de seguridad de la vivienda.

Los oficiales mantuvieron al ciudadano retenido durante más de tres horas, trasladándolo a diversos lugares de la ciudad y exigieron 350 mil lempiras para liberarlo, pero al no contar con el dinero, le implantaron droga en su mochila y lo trasladaron a las instalaciones de la DPI.

Una vez en la DPI, los oficiales falsificaron informes para acusar al ciudadano de pertenecer a una estructura criminal, implantándole cocaína, marihuana y un arma de fuego automática tipo UZI como pruebas, además, lo amenazaron con enviar el caso al Ministerio Público si no pagaba la suma exigida.

Las autoridades concluyeron que continuarán con el proceso judicial mientras los acusados permanecen en prisión.