No tiene nombre en la demanda, solo iniciales: Y.M. Tiene 40 años, es hondureña, madre soltera y vive en Gainesville desde hace dos décadas. Ahora, su vida entera está en juego por una ley que, si se aplica, podría convertirla en criminal solo por cruzar los límites del estado que es su hogar.

Pero lo que realmente la define no es su estatus migratorio, sino el miedo. Un miedo que se hizo más agudo desde que decidió alzar la voz contra la ley SB 4-C de Florida, una legislación que criminaliza a personas como ella por atreverse a existir.

Junto a otra mujer guatemalteca, identificada como V.V., Y.M. presentó una demanda en un tribunal federal en Miami con el respaldo de organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida y la Asociación de Trabajadores Agrícolas.

Ambas buscan declarar inconstitucional una ley que, según sus abogados, las convierte en delincuentes solo por reingresar o transitar por el estado siendo indocumentadas.

Sin embargo, el paso más difícil no es demandar. Es rogar para que sus nombres no se hagan públicos.

Una madre que teme perderlo todo

Y.M. es la única cuidadora de su hijo, un niño con discapacidad que es ciudadano estadounidense.

El padre del menor, asegura ella, es abusivo. Por ello presentó una solicitud para obtener la visa U, un alivio migratorio para víctimas de violencia.

Si la SB 4-C entra en vigor, cualquier movimiento fuera del estado y posterior retorno podría llevarla a ser arrestada. El riesgo es claro: cárcel y separación de su hijo, su razón de vida.

“Teme sufrir daños físicos, estigma social y acoso por parte de las fuerzas del orden, del público y de su agresor”, argumentan sus abogados en una moción presentada el 11 de abril.

Su historia no es única, pero sí representa a miles de mujeres que enfrentan una doble amenaza: la violencia doméstica y la criminalización estatal.

El Estado quiere que den la cara

Pero para el Estado de Florida, el anonimato no es una opción. En una respuesta judicial del 9 de mayo, los abogados del fiscal general James Uthmeier argumentan que “los demandantes no refutan la presunción constitucional de transparencia en los procedimientos judiciales”.

Señalan que otras personas impugnaron leyes sin ocultar su identidad, incluyendo casos sobre aborto o uso de mascarillas.

Para el Estado, la lucha legal por derechos civiles no debería tener excepciones por ser una disputa migratoria.

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El fallo pendiente y la esperanza

Aunque la jueza federal Kathleen Williams bloqueó temporalmente la implementación de la ley el pasado 29 de abril, el Estado apeló.

Mientras tanto, Y.M. y V.V. siguen expuestas. Aún no se decide si podrán mantener el anonimato en el proceso o si las forzarán a mostrar su rostro ante una sociedad que muchas veces las señala como ilegales antes que humanas.

Lo que está en juego va más allá de sus nombres. Es la seguridad de sus hogares, la vida de sus hijos y la posibilidad de seguir luchando sin ser convertidas en blanco de represalias.

Y.M. no quiere fama ni protagonismo. Solo quiere justicia. Y sobrevivir.