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Más de 70 casos recientes de invasiones de tierras reportados en distintos puntos del país volvieron a colocar sobre la mesa una crisis que, lejos de resolverse, sigue creciendo y golpeando la seguridad jurídica en Honduras.
El abogado Ramiro Medina advirtió que estas nuevas ocupaciones son apenas una muestra de un problema mucho más grande, pues a nivel nacional ya se contabilizan más de 5 mil casos entre denuncias, apelaciones y recursos de amparo.
La cifra, dijo, "refleja la dimensión de un conflicto que por años se ha movido entre la impunidad, la lentitud judicial y la falta de decisiones firmes del Estado".
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Invasiones con miles de casos sin salida
Según Medina, el país arrastra una pesada carga de expedientes relacionados con invasiones, algunos en proceso de denuncia y otros atrapados en recursos legales que impiden una respuesta rápida.
A su juicio, esta situación terminó por desbordarse y dejó claro que el marco actual no está respondiendo con la contundencia que exige el problema.
Recordó, además, que durante la administración pasada era prácticamente imposible controlar estas ocupaciones, lo que permitió que el fenómeno avanzara y se afianzara en varias zonas del país.
“Hasta el día de hoy, registradas hasta el fin de semana, hay 70 invasiones a nivel de país, pero tenemos más de 5 mil invasiones, algunas en proceso de denuncia, otras en proceso de apelación, recursos de amparo”, expresó el jurista.
El costo que espanta la inversión
Para Medina, el problema ya dejó de ser solo un conflicto por la tenencia de la tierra. Ahora también representa una seria amenaza para la economía y la atracción de inversión local o extranjera.
Medina puso como ejemplo el caso de Villanueva, Cortés, donde, aseguró, el valor de las propiedades invadidas ronda los 70 mil millones de lempiras, sumando zonas urbanas y rurales.
La referencia no es menor, sobre todo en una ciudad con fuerte peso agroindustrial y marcada por la presencia de tres ingenios azucareros.
Desde su perspectiva, mientras no exista una solución de fondo, Honduras seguirá enviando una señal de inestabilidad que desalienta a quienes buscan invertir y producir en el país.
Presión por reformas al marco legal
Ante este panorama, Medina insistió en la necesidad de impulsar reformas tanto al Código Penal como al Código Procesal para crear un marco jurídico más sólido que permita actuar con mayor rapidez y eficacia frente al problema.
El abogado adelantó que se prevén reuniones con autoridades de los distintos poderes del Estado para discutir posibles salidas y construir acuerdos.
La intención, dijo, es avanzar en una ruta que no solo contenga nuevas ocupaciones, sino que dé mayor certeza sobre el derecho a la propiedad.
La seguridad jurídica sigue pendiente
Mientras se anuncian reuniones, socializaciones e iniciativas de reforma, el país sigue acumulando casos y tensiones alrededor de la tierra.
El fondo del problema sigue siendo el mismo: una estructura legal y estatal que no responde con firmeza a un conflicto que se repite.
Las más de 70 invasiones recientes no son una alerta aislada: son la señal de que la disputa por la tierra continúa abierta en Honduras.
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