Once órdenes, once pistas por seguir. Son once diligencias que el propio Ministerio Público consideró necesarias para esclarecer la muerte de Sherill Yubissa Hernández Mancía.
Sin embargo, más de dos años después de emitir el requerimiento, las respuestas siguen sin aparecer.
Un documento firmado el 26 de enero de 2024 por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida revela que la institución ordenó una nueva investigación sobre el caso de la agente de la ATIC fallecida en Santa Rosa de Copán en 2018.
La instrucción llegó apenas dos semanas después de que el Ministerio Público anunciara oficialmente la reapertura del expediente y dejara sin efecto la resolución de 2019 que concluyó que se trató de un suicidio.
La pregunta es inevitable: si había once diligencias pendientes para buscar la verdad, ¿qué ocurrió con los resultados?
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Sherill y el giro que borró la conclusión de 2019
El 10 de enero de 2024, el Ministerio Público informó que reabría la investigación por la muerte de Sherill Hernández debido a la posible existencia de nuevos elementos.
La decisión representó un giro inesperado en uno de los casos más controvertidos de los últimos años.
La reapertura dejó sin valor la resolución emitida el 26 de septiembre de 2019, cuando el expediente se cerró bajo la conclusión de que la muerte de la agente correspondía a un suicidio.
Además de las dudas expresadas por familiares y personas cercanas a Sherill, durante años circularon versiones que apuntaron a un posible homicidio y a una presunta manipulación de la escena donde la encontraron sin vida.
Ante ese escenario, la Fiscalía anunció que buscaría llegar a una conclusión definitiva.
Las once órdenes para reconstruir el caso
Dieciséis días después de anunciar la reapertura, la Fiscalía plasmó esa intención en un requerimiento oficial dirigido a investigadores de la DPI.
El documento ordenó individualizar a los sospechosos mencionados públicamente en relación con el caso.
Pidió localizar testigos que residían fuera del país y tomar declaraciones a amigos, compañeros de trabajo y personas cercanas a la víctima.
También instruía entrevistar a quienes administraron o habitaron los apartamentos vinculados al entorno de Sherill.
Se solicitó verificar la existencia de cámaras de vigilancia en el perímetro relacionado con los hechos y analizar aspectos de su actividad laboral.
La lista incluía además la recopilación de información relacionada con declaraciones rendidas en el extranjero que mencionaban al exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón Soriano.
Cada diligencia apuntó a reconstruir aspectos que, según la propia Fiscalía, aún requerían aclararse.
Lo que no llegó fue la respuesta
El documento fijó un plazo de diez días para remitir la información solicitada. Pero mientras las órdenes se registraron en papel, los resultados permanecen fuera de la vista pública.
Hasta la fecha no se conocen conclusiones oficiales derivadas de esas diligencias, ni se informó qué hallaron los investigadores tras seguir las once líneas de trabajo ordenadas por la Fiscalía.
Esa ausencia de respuestas es precisamente lo que mantiene vivo el reclamo de la familia, que durante años sostiene que la verdad sobre la muerte de Sherill aún no se esclarece.
El expediente que sigue haciendo preguntas
La reapertura del caso en 2024 se presentó como una oportunidad para revisar nuevamente un expediente que el propio Ministerio Público dio por cerrado.
Las once órdenes de investigación demuestran que, seis años después de la muerte de Sherill, todavía existían interrogantes que merecían investigarse.
Pero el tiempo pasó y esas once rutas parecen desembocar en el mismo lugar: el silencio.
Porque si la reapertura buscó llegar a una conclusión certera, la pregunta que sigue sin respuesta es: ¿qué encontraron los investigadores cuando recorrieron las once pistas que la propia Fiscalía les ordenó seguir?
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