El operativo en Corinto, Omoa, no solo terminó con la desaparición y muerte de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco). También dejó al descubierto una cadena de decisiones, omisiones y posibles irregularidades que hoy estremecen a la misma estructura policial encargada de combatir al crimen organizado en Honduras.
Fuentes ligadas a la Policía Nacional y a inteligencia militar sostienen que el operativo se ejecutó al margen de varios protocolos básicos que rigen cualquier acción policial en el país.
En el hecho fallecieron: el subcomisario Lester Josué Amador Herrera y los agentes Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Lionel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavides y Emerson Josué Canales Fúnez.
La operación, según esas versiones, no contó con orden de allanamiento, ni con la presencia de un fiscal del Ministerio Público.
Tampoco con un juez ejecutor, ni con equipos especializados en levantamiento y custodia de evidencias.
A eso se suma otro detalle que hoy genera fuertes sospechas dentro de la misma institución: el grupo ingresó sin apoyo táctico ni refuerzos a una zona considerada de alta peligrosidad y bajo influencia criminal.
El trasfondo es todavía más delicado. Las líneas de investigación internas apuntan a que el fallido operativo se relacionaria con un supuesto quite de droga.
Según fuentes de investigación estarían en juego unos 250 mil dólares y un lote de joyas de oro.
Esa es una situación que ahora también coloca bajo escrutinio a mandos de la Dipampco.
Entre ellos: el jefe de operaciones, el subdirector, y el director de ese organismo policial.
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El operativo policial que nunca debió ejecutarse así
Dentro de cualquier unidad de investigación criminal existe un procedimiento rígido que busca reducir riesgos, proteger la legalidad del caso y garantizar que las evidencias tengan validez ante los tribunales.
Fuentes policiales explicaron que toda operación comienza con una denuncia formal y posteriormente pasa por una fase de inteligencia, seguimiento, vigilancia y análisis del perfil criminal de los sospechosos.
En paralelo, fiscales del Ministerio Público deben conocer los avances y validar cada etapa de la investigación.
Cuando el caso involucra allanamientos, el protocolo exige solicitar órdenes judiciales y coordinar la presencia de fiscales y jueces ejecutores.
Además, las operaciones deben quedar registradas en libros de novedades donde se detallan nombres de agentes, horarios, logística y objetivos del despliegue.
Nada de eso, según las fuentes consultadas por tunota.com, habría ocurrido plenamente en Corinto.
“Una acción así jamás debió hacerse de esa manera”, confió una fuente vinculada al aparato de seguridad.

Tensión dentro de la Dipampco
El ambiente dentro de la Dipampco cambió abruptamente tras conocerse el fracaso de la misión.
Fuentes cercanas al ente policial revelaron que oficiales de la Secretaría de Seguridad llegaron a las instalaciones para exigir información sobre el expediente operativo relacionado con Corinto.
La tensión creció mientras se intentó reconstruir quién autorizó el ingreso, qué información de inteligencia existía y bajo qué condiciones se envió al grupo a la zona.
La preocupación no era menor. Cuando un operativo termina sin respaldo legal, sin documentación completa y con agentes muertos, las dudas dejan de centrarse únicamente en el ataque criminal y comienzan a dirigirse también hacia la cadena de mando.
El caso abrió preguntas incómodas dentro de la Policía Nacional: ¿Quién autorizó la misión?, ¿por qué no hubo fiscal?, ¿por qué ingresaron sin apoyo?, ¿existía realmente una investigación formal o se trató de una acción improvisada?.

Corinto: una zona dominada por estructuras armadas
El escenario donde ocurrió la tragedia tampoco era desconocido para las autoridades. Corinto, Omoa, es una zona estratégica por su cercanía con Guatemala y por las rutas utilizadas para tráfico de drogas, armas y contrabando.
Inteligencia policial y militar advirtierron desde hace años sobre la presencia de estructuras con fuerte capacidad de fuego y conexiones con redes internacionales del narcotráfico.
Por eso, especialistas en seguridad consideran todavía más extraño que un equipo reducido ingresara prácticamente solo a un territorio de alto riesgo.

Muertes que golpean la institución policial
La muerte de los cinco agentes no solo golpeó a sus familias y a la institución policial. También dejó expuesta una fractura interna en las operaciones contra el crimen organizado.
Hoy las sospechas ya no apuntan únicamente hacia las estructuras criminales, sino también hacia decisiones tomadas dentro de la propia fuerza de seguridad.
Mientras las investigaciones avanzan, una pregunta comienza a repetirse con fuerza dentro y fuera de la Policía.
Y es, si el operativo incumplió tantos protocolos básicos, ¿quién empujó realmente a esos agentes hacia una misión de la que nunca regresaron?
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