En una operación coordinada, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas realizaron este domingo trece allanamientos en los departamentos de Santa Bárbara y Cortés, al occidente y norte de Honduras, respectivamente, en los que fueron capturados cuatro funcionarios públicos presuntamente vinculados a redes de narcotráfico.
Los capturados son el detective de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) Heriberto Reyes Durón y su hijo Carlos Adolfo Sánchez Fúnez; el capitán de las Fuerzas Armadas, Iván Antonio Sauceda Alvarado, y el suboficial Cristian Jossualdo Morales Paz, asignados a la Dirección de Información Estratégica C2; y la receptora del juzgado de letras de Santa Bárbara, Nolvia Dinora Fernández Fernández.
En un comunicado el Ministerio Público informó que "a todos ellos se les acusa por el delito de asociación para delinquir", mientras que en el caso de los operadores de justicia se les agrega el delito de concusión, y en el del hijo del detective de la DLCN, el de aprovechamiento de secreto o información privilegiada.
Según el expediente de la DLCN, desde 2020 se investiga a la estructura criminal "dirigida por Orlando Enrique Andino Rivera", alias “El Negro Volqueta”, y otros miembros "que se dedican al tráfico de drogas en Santa Bárbara y municipios aledaños", para el cual planificaban el transporte, la compra, venta y distribución de drogas.
Los funcionarios aprehendidos se encontraban bajo vigilancia desde hace más de cuatro meses y pertenecen a instituciones clave en la seguridad y justicia del país, según informaron las autoridades.
Según el Ministerio Público, los funcionarios tenían relación directa con el cabecilla del grupo delictivo y sus allegados, a quienes avisaban de operativos en la zona, "incluso en el caso de los militares identificaban a miembros de bandas contrarias que eran obstáculo" para Andino Rivera "y esa información era proporcionada al detective para generar casos y capturas en contra de esas personas".
Durante los allanamientos se han identificado múltiples propiedades, incluidas casas de lujo que podrían estar asociadas a testaferros, y otros delitos relacionados con el narcotráfico.
Además, se han desmantelado más de 30 cámaras de videovigilancia utilizadas para monitorear la actividad en las áreas de operación y así evadir la captura, expresaron las fuentes.
Las autoridades indicaron que los operativos, llevados a cabo por el equipo de Inteligencia de la Dirección de Información Estratégica de las FF. AA., junto con unidades tácticas de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y el Ejército, contaron con el apoyo de la DLCN y fiscales de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).
Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para desmantelar estructuras criminales y detectar a operadores de justicia coludidos con el crimen organizado, aseguraron autoridades en una entrevista para medios de comunicación.
