El 9 de marzo, en Choluteca, sur de Honduras, miles de empleados de la industria melonera y camaronera se movilizaron pacíficamente en rechazo a la propuesta reforma tributaria.
El mismo día, la presidenta Xiomara Castro calificó la protesta como "anárquica" y convocó de emergencia al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
Luego, el 10 de marzo, en una sesión del CNDS que ella presidió se ordenó investigar y deducir responsabilidades a las personas que incentivaron la masiva movilización.
Ante la determinación de las autoridades, organismos de sociedad civil y, sobre todo, sectores opositores mostraron su rechazo ante la determinación del CNDS.
El Partido Liberal, en un comunicado, calificó la medida como "acción intimidatoria contra el ejercicio legítimo del derecho a la protesta".
"Las protestas, además de materializar el derecho de reunión pacífica de las personas, constituyen una forma legítima que tienen los ciudadanos de ejercitar la más grandes libertades, libertad de expresión y pensamiento", refirieron.
Por su lado, el Partido Nacional aseguró que la resolución del CNDS restringe los derechos de los ciudadanos.
"Es inaceptable que el Gobierno prefiera el autoritarismo en lugar de liderar un diálogo constructivo y respetuoso sobre la propuesta de reforma tributaria"
En tanto, el Partido Salvador de Honduras (PSH) lamentó que el CNDS continúe en funcionamiento, y repudió la esencia de la convocatoria.
"Es una medida desproporcionada, por no encontrarse en peligro la seguridad interior del Estado de Honduras, con motivo de una protesta pacífica".
Además destacaron que el fiscal general, Óscar Chinchilla, no debió participar en dicha sesión, "por representar los intereses de la sociedad y, en su caso, investigar cualquier conducta delictiva".
El Ministerio Público forma parte del CNDS.
