La bancada del Partido Nacional se ha declarado en "insurrección legislativa", luego de presentar una moción exhortativa para derogar el decreto 4-2022 relacionado a la amnistía política que ha beneficiado a exfuncionarios relacionados con delitos penales.

"El Partido Nacional claramente lo que está haciendo es una oposición obstruccionista, de eso no hay duda. Quiere dificultar todo el camino posible", comentó Díaz Arrivillaga en comunicación con Telenoticias de Canal 5.

Los nacionalistas alegan que, tras la derogación del decreto 116-2019 conocido como Fondo Departamental, se debería de derogar el 4-2022 de la amistía.

Ambos son requisitos de las Naciones Unidas como condicionante para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

El decreto conocido como Fondo Departamental (partida asignada a diputados para ejecución de obras sociales) era una normativa que blindaba a diputados y exdiputados investigados por malversación de fondos públicos, en confabulación con oenegés fantasmas.

Anteriormente, el Congreso Nacional derogó el decreto 57-2020 que obligaba al Ministerio Público a pedir autorización a un juez para secuestrar documentación de personas relacionada a casos de corrupción y se reformó del decreto 93-2021 que incluye varias correcciones al Código Penal y a la Ley de Lavado de Activos.

Sin embargo, queda pendiente la derogación del decreto 4-2022, denominado "Ley para la reconstrucción del estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan", mismo que absuelve de delitos penales a exfuncionarios del Gobierno de Manuel "Mel" Zelaya (2006-2009) por presunta persecución política tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

No mezclar las cosas

En ese sentido, Díaz Arrivillaga señaló que el Partido Nacional está en una posición equivocada al mezclar la derogación de los decretos, y que uno no debería de condicionar el otro.

"Mezclar una cosa con la otra me parece que no es correcto. O sea, una cosa es el Fondo Departamental y otra cosa es la amnistía. No tienen por qué condicionar una cosa a la otra", dijo.

"Me parece que es una posición totalmente equivocada, sobre una oposición que es obstruccionista, en lugar de buscar posibles arreglos en función de los intereses del país y en este caso la venida a la CICIH", añadió.

La llegada a Honduras de una CICIH, con el apoyo de la ONU, es una de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro.

El pasado 9 de julio arribó a Honduras una misión de expertos de la ONU que verificaron -aunque sin brindar ningún informe-, si en el país hay condiciones para la instalación de la CICIH.

La ONU ha sido clara, mientras en Honduras no se cumplan las garantías legales mínimas que establecerá la misión de expertos, la instalación de la CICIH seguirá solo en una promesa.

Partido Nacional le puso fin a la Maccih

A ello, el analista político recordó que fue durante el segundo periodo de Gobierno de Juan Orlando Hernández (2018-2022) que el Partido Nacional le puso fin al convenio con la Organización de Estados Americanos (OEA) para lo que era la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).

Por lo que indicó que "ellos (Partido Nacional) nunca han estado de acuerdo con la CICIH, si en el Gobierno nacionalista fue precisamente cuando terminaron con la Maccih".

La Maccih fue instalada en 2016, pero en enero de 2020 el Congreso Nacional (de mayoría del Partido Nacional en ese entonces) no aprobó un segundo mandato de la Misión, que presentó acusaciones por actos de corrupción que salpicaron a diputados, funcionarios y exfuncionarios.

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