La publicación oficial en La Gaceta de tres préstamos con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), por un monto de 190 millones de dólares (unos cinco mil millones de lempiras), sin haber ratificado el acta de la sesión legislativa en que se aprobaron, continúa generando debate en el país.

Para expertos en derecho y miembros de la oposición ratificar un acta da legalidad al proceso, tal y como se viene practicando en el Legislativo desde el retorno a la democracia, hace 43 años.

La Ley Orgánica del Congreso Nacional, en su artículo 61, habla de la lectura del acta anterior. Literalmente dice que "antes de ser aprobada (el acta), cualquier diputado puede hacer reconsideraciones para que se enmiende, en cuanto a la verdad de los hechos y se hagan correcciones de redacción. El Pleno hará las enmiendas propuestas cuando fueren procedentes".

A criterio de algunos abogados y miembros de la oposición, la bancada de Libre teme a esas "reconsideraciones" y "enmiendas".

De su lado, diputados de Libertad y Refundación (Libre), aseguran que la oposición lo que busca es una doble votación para desautorizar los préstamos. Sin embargo, las leyes y procedimientos legislativos no reconocen la facultad de volver a votar un mismo proyecto.

En ese contexto se abordó este lunes 2 de mayo en Frente a Frente el tema: "Si un perspicaz niño de secundaria preguntara ahora mismo si la ratificación del acta en las sesiones del Congreso es un requisito de ley antes de la sanción y publicación, ¿Qué respondería el Estado?".

En el panel participaron los abogados y candidatos a diputados por el Partido Liberal Rafael Canales y Luz Ernestina Mejía; los diputados Obed López, Jari Dixon Herrera Hernández (exfiscal) y Ramón Barrios, del Partido Libre; y Daniel Discua, del Partido Nacional.

Canales: sin ratificación, no se perfecciona el acto jurídico

Para Canales, abogado constitucionalista, el problema no es la legalidad de la votación, sino la omisión de formalidades de Derecho.

"Nadie dice que la votación es ilegal. La votación fue legal”, dijo Canales, al reconocer que en su momento los préstamos estuvieron bien aprobados, el 8 de mayo de 2025.

No obstante, subrayó que, "el problema es que hay una inobservancia y una ligereza absoluta de los formalidades que manda la ley" desde hace más de 40 años en el Congreso Nacional.

"Lo más grave y lo quiero decir, grave, es que se mandan a publicar algunos decretos o leyes que no se han perfeccionado”, añadió.

Canales explicó que "perfeccionar un acto jurídico" es seguir todos los procedimientos y protocolos. En este caso la ratificación le otorga calidad de ley a un proyecto.

"Mientras usted no lo ratifica y está abierta (el acta), en lo particular, creo que no es ley", aseguró el expresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH).

Además, señaló que el artículo 61 de la Ley Orgánica permite reconsideraciones a lo que se aprobó, lo que podría estar generando temores en la bancada oficialista.

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Discua: "No estamos en un tema de quién tiene la razón"

El diputado nacionalista Daniel Discua acusó al oficialismo de aplicar la ley a su conveniencia en el poder Legislativo.

"Los compañeros que hoy ejercen el poder, (están) llevando la ley hasta donde les conviene", afirmó.

Comparó el procedimiento legislativo de ratificar el acta con un juicio penal: "Yo no creo que a medio juicio, el abogado defensor llama al director del penal: 'soltalo, soltalo, porque aquí ya dijo el juez que lo va a liberar'. No, se necesita una carta de libertad emitida por el juzgado competente".

Discua insistió en que no se trata de rechazar los préstamos, sino de respetar el marco legal.

"Nosotros no estamos en un tema ideológico, no estamos en un tema de quién tiene la razón. Nos parece que como legisladores, como abogado y como hondureño, debemos dar el ejemplo de respetar la ley", sostuvo.

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Jari Dixon: No es requisito legal, es una costumbre

Desde Libre, el diputado Jari Dixon Herrera reconoció que él mismo creyó que la ratificación de un acta era obligatoria, por lo que realizó un análisis detallado de la legislación y no encontró un artículo específico sobre el tema.

"Cuando a mí me dicen que la van a publicar sin la ratificación del acta, yo fui el primero que salté a buscar la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso", explicó. No obstante no halló ninguna ley, confirmó.

Herrera Hernández defendió que la ratificación del acta ha sido una práctica asumida, pero no escrita en ningún estamento jurídico.

Para el diputado, las intenciones de la oposición están enfocadas en bloquear los préstamos aprobados mediante una nueva votación, lo cual no es legal.

"Están convirtiendo la aprobación del acta en una doble votación, violentando la voluntad y el voto de aquellos diputados que sí llegaron esa noche", expresó.

Insistió en que la ratificación del acta es una formalidad y no una norma legal. Por otro lado, los mecanismos de aprobación de una ley si están regulados por la Constitución en el artículo 215 y por la Ley Orgánica del Congreso, en el artículo 73.

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Ramón Barrios: No se necesita ratificación, lo resolverá la Sala Constitucional

El también diputado de Libre y abogado, Ramón Barrios, fue tajante: "el paradigma de si se debe ratificar el acta para publicar los decretos-ley aprobados en el Congreso Nacional, la respuesta es no".

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Barrios ratificó lo dicho por Herrera: "Tanto la Constitución de la República como la Ley Orgánica del Congreso no lo contemplan".

En todo caso, será la Sala Constitucional la que dirima esta controversia, ya que existe un recurso presentado, aseguró.

El debate sigue abierto. Mientras algunos consideran que la ratificación del acta es una formalidad esencial para dar vida jurídica a los decretos, otros sostienen que no tiene base legal expresa.

La última palabra podría tenerla la Sala de lo Constitucional, que deberá resolver si se vulneró el procedimiento legislativo con la publicación de estos préstamos.

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