La justicia hondureña dio un nuevo paso en el caso de Wilson Ariel Pérez Hernández, el aficionado del Real España que murió dos días después de protagonizar un incidente con una agente policial al finalizar la gran final del torneo Clausura 2022.
Un juzgado de San Pedro Sula determinó que uno de los oficiales señalados por el Ministerio Público deberá enfrentar juicio oral y público por estos hechos.
La decisión fue adoptada por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula durante la audiencia preliminar, en la que se resolvió enviar a juicio al oficial policial Carlos Roberto Escobar Mejía, acusado de los delitos de asesinato, tortura y falsificación de documentos públicos.
Asimismo, la jueza determinó que continúe el proceso penal contra Bayron Patricio Zelaya Gálvez, Chelssi Patricia Sander Hernández y Luis Armando Sauceda Santos, quienes enfrentan acusaciones relacionadas con delitos de menor gravedad dentro del mismo expediente judicial.
Concluida la etapa preliminar, el caso fue remitido al Tribunal de Sentencia, órgano que deberá programar el juicio oral y público en el que se analizarán las pruebas aportadas por la Fiscalía y las defensas de los imputados para determinar si existe responsabilidad penal en la muerte del joven.
Investigación contradijo versión inicial sobre muerte de Wilson Pérez
El caso de Wilson Pérez alcanzó notoriedad pública el 29 de mayo de 2022, cuando fue captado en video golpeando por la espalda a una inspectora de policía durante los disturbios ocurridos tras la final entre Real España y Motagua en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.
Días después, las autoridades informaron que el aficionado había fallecido en un supuesto enfrentamiento entre agentes de seguridad y presuntos integrantes de estructuras criminales. Sin embargo, las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público concluyeron una versión distinta de los hechos.
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De acuerdo con la acusación fiscal, el 31 de mayo de 2022 dos equipos de agentes asignados a la entonces Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) ingresaron a una vivienda de la colonia Nueva Esperanza, donde se encontraba Pérez Hernández.
La Fiscalía sostiene que el joven intentó escapar por uno de los bordos del río Piedras, pero durante la persecución recibió un disparo en la espalda que lo hizo caer sobre una acera.
Posteriormente fue subido a la paila de una patrulla policial y sometido a actos de tortura mientras era trasladado hacia el Hospital Mario Catarino Rivas, donde finalmente falleció.
Evidencia balística
La autopsia practicada al cuerpo estableció que la causa de muerte fue una herida por arma de fuego que provocó laceración pulmonar derecha y hemotórax derecho.
Además, la investigación señala que en la escena fue localizada una pistola marca Girsan que había sido decomisada por la FNAMP durante un operativo realizado en Quimistán, Santa Bárbara, en octubre de 2020.
Según el Ministerio Público, el análisis balístico de los casquillos recolectados permitió establecer que fueron percutidos por esa misma arma, lo que, a criterio de la Fiscalía, desvirtúa la versión de un supuesto enfrentamiento armado y respalda la hipótesis de una actuación irregular por parte de los agentes involucrados.
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