El Estado de Honduras recibió un fuerte golpe, luego que este viernes un Tribunal de lo laboral ordenó pagar 260 millones de lempiras en concepto de prestaciones laborales a 334 trabajadores que pertenecieron a la otrora Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) ahora Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
En ese sentido, el portavoz del Poder Judicial en el norte del país, Ruy Barahona, detalló que esta demanda corresponde además de las prestaciones laborales; al reajuste del salario mínimo, inmediaciones y salarios caídos.
Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) aclaró que la demanda laboral presentada contra la Sedesol, no posee carácter de sentencia firme.
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Esto último, según la PGR, debido a que aún están pendientes diversas acciones legales interpuestas por la representación del Estado, tales como un amparo con suspensión del acto reclamado.
Además, adelantó que preparan acciones adicionales para agotar todos los recursos legales disponibles en este caso.
Piden deducir responsabilidad civil
Según la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, todo funcionario público debe actuar dentro de la ley, y todo acto que realice en contra de esta, le acarrea perjuicio al Estado, debe reducírsele responsabilidad civil correspondiente.
"Si el Estado pierde un juicio por las decisiones contrarias a la ley de un funcionario público es necesario y así lo establece la Constitución, la deducción de responsabilidad civil que le corresponda", indicó la parlamentaria.
En sintonía con la congresista del PSH, el dirigente sindical Benjamín Vásquez, cuestionó que estas demandas se den por cuestiones meramente políticas.
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