El ministro asesor en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, Edmundo Orellana advirtió este martes (01.03.2022) que si el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) y la Secretaría de Derechos Humanos emiten constancias para amnistías a quien no lo merece se enfrentarán a acciones penales.
“Si ellos -Cofadeh y Secretaría de Derechos Humanos- hacen mal el papel, si la conceden -la amnistía- a quien no lo merecen eventualmente pueden ser pasivos de una acción criminal. Eso deben de tener claro”, manifestó el funcionario.
Orellana dijo que esas advertencias son válidas también para los fiscales del Ministerio Público (MP) que presentaron “acusaciones motivadas políticamente e inventadas”.
En ese sentido, el también exfiscal de la República recomendó a dichos fiscales ponerse a orar porque serán procesados judicialmente.
“Igualmente, habrán cometido delito aquellos fiscales que hayan presentado esas acusaciones y que como ha dicho el juez ahora, han sido motivados políticamente. Porque quiere decir que se las inventaron; y si es así, el fiscal que lo presentó que empiece a orarle a Dios porque lo van procesar”, apuntó.
Antecedente
Cabe mencionar que dicha amnistía será concedida a las personas que hayan sido acusadas penalmente y se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del período comprendido del 27 de enero 2006 al 28 de junio 2009, es decir, el gobierno del expresidente Manuel Zelaya.
Otra condición para gozar de la amnistía es que hayan sido "víctimas del golpe de Estado" contra el exmandatario Zelaya.
También quedarán amnistiados quienes haya incurrido en abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios; malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
De igual forma, los culpables o procesados por fraude en perjuicio de la Administración pública; enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y privados y criminalidad organizada, entre otros.
La aplicación de dicho beneficio ha sido fuertemente cuestionado por diferentes sectores de la sociedad por que consideran que busca ayudar a los exfuncionarios del expresidente Manuel Zelaya que están acusados de actos de corrupción no ligados a temas políticos.
El primero beneficiado del denominado "Poder Ciudadano" es el exministro de la Presidencia , Enrique Flores Lanza, quien fue sobreseído de los delitos de abuso de autoridad y malversación de fondos por los que fue acusado por el caso del "Carretillazo" o desvío de L 50 millones para financiar la consulta llamada Cuarta Urna.
De igual manera, pidió ser amnistiado el exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, condenado el 27 de noviembre de 2018 a ocho años y seis meses de prisión por fraude y abuso de autoridad y a nueve años por enriquecimiento ilícito.
Lo mismo solicitó el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, acusado por al menos 87 delitos de abuso de autoridad y uno de malversación de caudales publicos. Sunseri permanece prófugo de la justicia.
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