La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, lamentó el jueves (10.12.2020) la decisión del Congreso Nacional que derogó el decreto que prohibía que dos hombres se transportaran en una motocicleta en el país.

"Esta medida es contraproducente que la hayan retirado porque en la mayoría de las muertes violentas por sicariato, por control de territorio, maras y pandillas o cuentas criminales se está utilizando este automotor para cometer sus hechos violentos y allí podemos establecer que son los hombres que tienen la pericia de andar en moto y por el manejo de armas de fuego", manifestó Ayestas en La Tarde de HRN.

En ese sentido, Ayestas expresó que la delincuencia en el país ha aumentado desde el 2011, y en Honduras se siguen teniendo las tasas más altas de Centroamérica en materia de delincuencia.

"Las muertes en Honduras, desde el 2012 que se aprobó esa ley sobre que dos hombres no pudieran andar en una motocicleta, fue una medida que hasta cierto punto fue positiva, porque vemos que los sicariatos en el 2011 eran de 33.8 por ciento del total de las muertes violentas que fueron en total 6 mil 239 muertes; y de ahí se ve que en 2019 fue de 38.6 es decir que aumentaron las muertes por ajustes de cuentas con su modalidad de sicariato", apuntó.

De la misma forma, Ayestas se refirió que las motocicletas son utilizadas con mayor frecuencia para cometer hechos delictivos en el país, porque se puede escapar de la escena del crimen con mayor rapidez.

"Esta medida afecta a la ciudadanía, sobre todo a la del transporte público que la están extorsionando y en los grandes negocios y en los pequeños también. En San Pedro Sula, Tegucigalpa y Cortés son las ciudades donde hay mayor incidencia de estos delitos", dijo.

Cabe resaltar que el 13 de junio de 2012, entró en vigencia la ley que prohibía que dos hombres se transporten en una motocicleta en todas las ciudades de Honduras, esto para reducir el índice de asesinatos perpetrados desde este tipo de transporte.

La prohibición imponía sanciones como el decomiso tanto del automotor, como de la licencia del conductor, incluyendo una multa equivalente a un salario mínimo.

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