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El caso del ambientalista Juan López volvió a impactar en Honduras con las tres capturas ejecutadas este martes 12 de mayo de 2026 y no solo porque reviven uno de los asesinatos más sensibles de los últimos años, sino porque también abren la puerta hacia una presunta estructura de poder que, según el padre Ismael Moreno o "Padre Melo", operaron detrás del crimen ocurrido en Tocoa, Colón el 14 de septiembre de 2024.
Para el sacerdote jesuita, los arrestos representan apenas un avance parcial dentro de una investigación que todavía debe alcanzar a quienes financiaron, planificaron y protegieron el asesinato del defensor ambiental.
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Padre Melo habla de una “enorme trama”
Moreno sostuvo que el Ministerio Público logró avanzar hacia un “segundo círculo” de responsables.
Esos serían según su criterio, quienes habrían pagado a los ejecutores materiales y a los intermediarios detrás del crimen.
“Nosotros demandábamos que se avanzara y creemos que ahora se avanzó a un segundo círculo que tiene que ver con quienes pagaron a los gatilleros”, expresó.
Dentro de ese nivel de investigación ubicó al exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, capturado junto a otros sospechosos y señalado desde meses atrás por sectores ambientalistas y allegados a López.
El “tercer anillo” del crimen ambiental
Pero para el padre Melo el caso no termina ahí. Según dijo, todavía falta llegar al “tercer anillo” de la estructura criminal.
"Es que hay intereses económicos y empresariales, que habrían impulsado acciones para silenciar las denuncias de Juan López sobre minería y corrupción en la zona del Parque Nacional Carlos Escaleras", dijo.
El religioso insistió en que el asesinato está directamente ligado a la oposición del ambientalista contra proyectos extractivos que él consideró ilegales.
“Juan López mantuvo una denuncia constante de que esa explotación era ilegal”, recordó Moreno.
Al tiempo que señaló que el ambientalista exigía aplicar el decreto 18-2024 para recuperar y proteger el parque nacional Carlos Escaleras.
El conflicto minero detrás del asesinato
Según las declaraciones del sacerdote, López denunció que permisos mineros se obtuvieron de forma irregular durante la administración municipal de Tocoa.
Esa confrontación, sumada a las constantes denuncias públicas sobre supuestos actos de corrupción, convirtieron al ambientalista en una figura incómoda para sectores con poder económico en el Aguán.
La captura de los sospechosos revive precisamente esas advertencias que Juan López hizo antes de ser asesinado y que hoy vuelven a tomar fuerza en medio de las investigaciones.
Romper el muro de la impunidad
El padre Melo dice que el reto es impedir que el caso se limite a capturas parciales y avanzar hacia toda la estructura.
A su juicio, la investigación debe profundizar hasta determinar si empresarios, actores políticos u otros intereses económicos participaron en la planificación o financiamiento del asesinato.
El crimen de Juan López se convirtió en símbolo del riesgo que enfrentan los defensores ambientales en Honduras.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) documenta más de un centenar de ataques y muertes de ambientalistas y defensores de la tierra durante la última década.
Por eso, para el sacerdote jesuita, las capturas apenas representan el inicio de una batalla mayor.
Se debe desmontar la red de impunidad que, según sostiene, aún permanece intacta detrás del asesinato.
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