En un informe titulado Las palabras importan, ¡Protejamos la sana crítica!, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) hace un análisis de los derechos a la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información en Honduras durante los últimos 18 meses.
El panorama no es alentador: agresiones, asesinatos y una elevada tasa de impunidad que supera el 95% marcan el estado actual de estos derechos fundamentales.
El informe resalta avances iniciales bajo el gobierno actual, como la derogación de la llamada "Ley de Secretos".
Sin embargo, los retrocesos son evidentes. La persistencia de los “delitos contra el honor”, el aumento de solicitudes de declaratorias de secretividad y las restricciones a manifestaciones públicas son señales alarmantes de una democracia en retroceso, señala el informe.
Violencia y asesinatos: el costo de informar
Entre enero de 2023 y julio de 2024, cinco periodistas y trabajadores de medios fueron asesinados:
- Henry López (22 de marzo de 2024)
- Douglas Enrique Arce (3 de junio de 2024)
- Luis Alfonso Teruel Vega (28 de enero de 2024)
- Francisco Ramírez Amador (21 de diciembre de 2023)
- Carlos Gerardo Barahona (30 de enero de 2024)
Estas muertes, sumadas a 199 agresiones contra 64 medios de comunicación, revelan el peligro al que se enfrentan quienes ejercen la labor periodística.
Además, la violencia en línea toma protagonismo, especialmente contra mujeres periodistas, quienes sufren acoso digital con pocas herramientas de protección.
La impunidad como regla
De 112 casos de asesinatos de periodistas registrados desde 2001, solo 8 se judicializaron, y la mayoría de estos apenas se identificó a los autores materiales.
Este nivel de impunidad genera un clima de inseguridad que obliga a periodistas y defensores de derechos humanos a recurrir al autocensurarse, a evitar la crítica para salvaguardar sus vidas.
La violencia no se limita a los periodistas. Comunidades indígenas, movimientos sociales y la comunidad garífuna enfrentan un alarmante 78.9% de las alertas de violencia emitidas en 2023.
La situación evidencia la constante vulnerabilidad de quienes defienden sus territorios y derechos frente a intereses poderosos.
La responsabilidad estatal
El Mecanismo Nacional de Protección (MNP), creado en 2015 para salvaguardar a periodistas y defensores, demuestra ser insuficiente.
Casos emblemáticos como el asesinato de Francisco Javier Ramírez, quien estaba bajo protección policial, o del defensor del río Guapinol, Juan López, ponen en entredicho la eficacia de las medidas de protección implementadas.
La libertad de expresión y el derecho a la sana crítica son pilares de una sociedad democrática. Sin embargo, en Honduras, ejercer estos derechos se ha convertido en un acto de valentía que puede costar la vida.
El informe de C-Libre es un llamado urgente al Estado y a la sociedad para garantizar un entorno seguro para quienes denuncian injusticias y defienden la verdad.
